EscucharLa crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia alteró el frágil equilibrio entre los derechos y garantías y la eficiencia del sistema judicial porque imperan angustia, incertidumbre, miedo e histeria.
La gente se siente vulnerable en una sociedad de peligro para la salud y la vida, y exige medidas drásticas de control y “mano dura” para protegerse del virus; incluso, está dispuesta a ceder derechos y garantías.
Surge una imperiosa necesidad de control y respeto a las órdenes, sin espacio para errores o cuestionamientos, lo cual crea un ambiente idóneo para que los políticos, algunos de buena fe y otros por oportunismo, propongan soluciones rápidas.
Peor aún, hay quienes, ingeniosamente, aprovechan la coyuntura para reproducir discursos de odio contra determinados “enemigos” del imaginario colectivo que representan una “amenaza” durante la pandemia, y hacen uso de la añeja, pero simple y atractiva fórmula de expandir y endurecer el derecho penal, método de control social por excelencia que recuerda al padre que reprime, castiga y corrige.
Represión. En épocas de crisis, se recurre al “derecho penal del enemigo”, el cual parte del deber de amenazar, reprimir y castigar a esos “enemigos” con penas desproporcionadas, sin valorar si sus acciones representan un verdadero riesgo para la salud pública. Medidas que, lejos de obedecer a fines sanitarios, tienen por objeto violar derechos y garantías.
Se crean más delitos, penas y, sobre todo, culpables. Sus partidarios defienden la inconstitucional postura bajo el argumento que en circunstancias excepcionales el derecho penal es excepcional y, por ende, la represión debe ser severa.
El endurecimiento del derecho penal como herramienta de lucha contra la covid-19 es tendencia global y empiezan a proliferar delitos castigados con desproporcionadas penas, que criminalizan el acaparamiento de bienes, la violación de medidas sanitarias y la libertad de expresión.
Casos recientes. Ejemplo de lo anterior es el caso de un hombre de Nueva Jersey acusado de ser una amenaza terrorista por toser en un supermercado frente a una mujer y decir que estaba enfermo de la covid-19.
En El Salvador, a causa de presuntos incumplimientos de las medidas de confinamiento, por órdenes del presidente se ha trasladado a los supuestos infractores a “centros de contención”, sin ninguna ley u orden jurisdiccional que lo autorice.
En Bolivia, un ciberactivista fue detenido por criticar las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno.
En Perú, se exime de responsabilidad penal a militares que hieran o maten mientras patrullan durante la cuarentena.
En nuestro país, hace unas semanas, un policía fue vanagloriado por disparar a un ciudadano que se encontraba surfeando en una playa vacía.
No dejemos de lado que el enemigo es el virus SARS-CoV-2, no las personas ni el orden constitucional.
La autora es abogada.
