Francisco Gamboa Soto. 6 julio

En respuesta al comentario de Flora Jara Arroyo, titulado “La banca pública perdió el norte” (29/6/2020) debe tenerse en cuenta que tanto la banca pública como la privada están regidas por el mismo marco normativo.

Los préstamos provienen, en su mayoría (casi el 90 %), de los ahorrantes, por tanto, los fondos deben ser custodiados de la mejor manera.

Los requisitos de otorgamiento de crédito deben cumplir la normativa 1-05 de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y otras disposiciones; a un banco estatal no le es posible dar créditos sin respaldo o a personas y empresas con baja o ninguna capacidad de pago.

Utilidades. ¿Para qué sirven las utilidades en la banca pública? Para dos cosas: el pago del impuesto sobre la renta y las cargas parafiscales (en el 2019 el 65 % de las utilidades del Conglomerado Financiero Banco Nacional regresó al Estado) y para capitalizar y así cumplir con el indicador de suficiencia patrimonial, que se refiere a que un banco puede prestar, por ejemplo ¢100, solo si cuenta con, por lo menos, ¢10 de patrimonio, de ahí que la suficiencia mínima es del 10 %.

Para un banco público la única forma viable de incrementar el capital y seguir prestando es mediante la capitalización de las utilidades en su patrimonio, a no ser que el Estado le inyecte dinero, lo cual sería imposible en vista de la situación fiscal.

Si no hay utilidades o hay pérdidas, la suficiencia patrimonial disminuye, y dejaría de colocar recursos y se frenaría la concesión de crédito, con el impacto en la producción y el consumo que eso implicaría.

Remates. Los remates de bienes no corresponden al giro de negocio de un banco, sus costos asociados son enormes.

Es la última alternativa, cuando no queda más que recuperar los recursos con el propósito de no desproteger a los ahorrantes.

Como el banco no está facultado legalmente para condonar deudas, existen suficientes pasos previos para ayudar al deudor, que van desde ajustes en el período de gracia y extensión del plazo, hasta la readecuación completa de la deuda. El cobro judicial es el último paso, y al que nadie quiere llegar.

Inversiones en Hacienda. A mediados del 2017 la demanda crediticia comenzó a desacelerarse y los bancos han debido buscar opciones de inversión, pues los ahorrantes siguen depositando su dinero; adicionalmente, las entidades deben gestionar instrumentos financieros que no afecten la liquidez.

Así, cuando el Ministerio de Hacienda representa una buena opción de inversión (por rentabilidad y liquidez), los bancos adquieren sus emisiones de deuda.

Actualmente, los depósitos de los ahorrantes están a muy corto plazo, es decir, mantienen el dinero en cuentas corrientes o de ahorros, y menos en certificados a mediano o largo plazo.

Lo anterior obliga a buscar opciones de inversión también a corto plazo, con miras a mantener un calce de liquidez adecuado y cumplir las normas regulatorias.

Prórrogas. La banca pública está concentrada en estos meses en apoyar con prórrogas, que han aliviado a muchas personas, hogares y empresas.

El Banco Nacional, por ejemplo, aprobó en marzo más de 134.000 suspensiones de pago, lo cual representa dos terceras partes de todos los préstamos concedidos. Ahora sigue la segunda etapa.

Crédito rural y agrícola. Durante la pandemia, se le ha dado prórrogas al 41,15 %. Existen los Consejos de Apoyo Rural (CAR), casi 50 funcionando en zonas alejadas de las provincias, y mediante los cuales se han colocado aproximadamente ¢2.000 millones en microcréditos.

El autor es director de relaciones institucionales del Banco Nacional.