La teoría del "cuarto mundo" y de su "exclusión social" crea un efecto de distancia, de extranjería hacia el resto de la sociedad. El "cuarto mundo" está constituido por "esa gente", distinta de nosotros". (I. Dechamp). El dualismo es el corte, la segregación de hecho, el "apartheid económico" vigente en una sociedad que funciona, en forma tan definitiva como cruel, a dos velocidades. Una sociedad en la cual diferentes categorías de población viven, de hecho, en dos planetas diferentes que van alejándose cada vez más entre sí (J. Albert). La exclusión económica y social es considerada por los autores consultados como el mecanismo más característico de la pobreza en los países industrializados, y, más especialmente, del rápido incremento de los "nuevos pobres".
Los temores de explosiones sociales que suscita, el riesgo que acarrea de una ruptura de la cohesión social, la complejidad de los factores que la provocan, la extrema dificultad de encontrar soluciones en la materia son otros tantos elementos que la convierten en la gran cuestión social contemporánea. (M. Gaudier). Transcribo los anteriores párrafos de un estudio de Isabel Yépez del Castillo sobre el tema, y llego a la conclusión de que la causa del cuarto mundo es la falta de solidaridad.
Para suplir esa deficiencia debemos sustituir la lucha por la colaboración en cada empresa productora de riqueza. Porque si esas células económicas primarias no aplican internamente el principio de la solidaridad para regular las relaciones entre el capital y el trabajo, difícilmente podrán solidarizarse con los excluidos. En la actualidad, el único vínculo de cohesión entre el capital y el trabajo es el salario, lo que invita a los asalariados a sindicalizarse en su defensa. Por el contrario, cuando la sociedad que tiene por objeto una empresa destina parte de "sus" ganancias netas a pagar acciones para los trabajadores, se crean vínculos de solidaridad que se traducen en colaboración y eficiencia. Accionariado que también le permite a las empresas y al Estado solidarizarse con los excluidos.
Por reunir la sociedad anónima condiciones óptimas para el establecimiento de un sistema de accionariado universal, toda empresa pública y privada que lo acoja, adopta esa forma jurídica, procurando el equilibrio republicano interno entre el capital y el trabajo y su democracia económica, para que refleje la naturaleza bipolar de la empresa que tiene por objeto, y constituya una realidad pluralista cuya dimensión social y política trascienda los intereses de los inversionistas.
Al efecto, cada sociedad anónima autoriza un aumento de capital ilimitado, dividido en acciones preferidas laborales sin voz ni voto, que va pagando: 1) Con el porcentaje de las ganancias netas que destine a ese fin. 2) Con el dinero correspondiente al pago de las prestaciones legales que excedan los 8 años de servicio de sus trabajadores. 3) Con los impuestos que el Estado invierte en ese tipo de acciones destinando los dividendos a disminuir la brecha social. Las acciones preferidas laborales representan un patrimonio inalienable e inembargable que está por encima de toda obligación societaria, aunque tenga garantía real. Todas las sociedades anónimas que acojan el sistema, constituyen el Fondo Mutuo Nacional, institución que tiene por objeto cambiarles a dichas sociedades, las acciones preferidas laborales que vayan pagando por acciones consolidadas que el Fondo emite con el respaldo de aquellas. El Fondo es administrado por una junta directiva que elige el Estado Económico, institución que constituye la nación económicamente organizada y que conforman todas las sociedades anónimas y todas las entidades laborales que constituyen los trabajadores de cada una de esas sociedades para armonizar con ellas, dejándole el antagonismo a los sindicatos. Cada sociedad anónima, en proporción a sus salarios, le adjudica a los trabajadores las acciones consolidades que cambió por las acciones preferidas laborales que pagó con parte de sus ganancias netas. Las prestaciones correspondientes al exceso de los 8 años, las paga con las acciones consolidadas que cambió por las acciones preferidas laborales que pagó con los recursos con que contaba para ese fin.
El Estado invierte parte de los impuestos con que grava a los sociedades anónimas en acciones consolidadas, cuyos dividendos destina a disminuir la brecha social por intermedio del Estado Económico. El Fondo invierte en acciones preferidas de la sociedad que pagó dichos impuestos, el dinero que recibe.
Una de las ventajas que ofrecen las acciones consolidadas es que se pueden adquirir con el dinero correspondiente a las pensiones, evitando la inflación.
Para procurar la democracia económica, además del referido aumento del capital, cada sociedad autoriza otro, pero dividido en acciones preferidas de inversión con voz y voto, cuya característica es que no pueden exceder el monto del capital común para garantizarle a sus dueños el control inicial. Las acciones preferidas de inversión se colocan en la bolsa para que los terceros las vayan suscribiendo y pagando reglamentariamente. Cuando el Estado decide privatizar alguna empresa, vende por licitación pública las acciones comunes que le pertenecen en la sociedad correspondiente, comprometiéndose el adjudicatario a mantener el modelo constitucional.
La "reforma social" de los años cuarentas mantuvo a los trabajadores fuera de la sociedad anónima que tiene por objeto una empresa, el Código de Trabajo se limitó a regular la lucha entre el capital y el trabajo, y mientras no se procure la democracia económica, las empresas seguirán organizándose como sociedades anónimas únicamente para efectos fiscales.
El accionariado universal que genera el sistema recomendado perfecciona el vínculo de cohesión social, disminuyendo la brecha entre el mundo de la exclusión y el mundo del privilegio.