El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) anunció la estupenda intención de retomar la vigilancia electrónica en las carreteras nacionales. Luego de varios fracasos, las autoridades están dispuestas a intentarlo una vez más. Han pasado años desde el último traspié y las muertes causadas por accidentes de tránsito aumentan a paso alarmante.
Año con año, la estadística crece. Hubo 264 muertos en el 2013, 355 en el 2014, 388 en el 2015 y 448 en el 2016. Los años transcurridos sin progreso en materia de vigilancia electrónica son inexplicables con vista en esos horrendos resultados. Al mismo tiempo, los datos demuestran, con toda claridad, la insuficiencia de una ley de tránsito, no importa cuán severa, para frenar la masacre vial.
Si los conductores irresponsables no temen ser descubiertos, el monto de las multas es irrelevante y en Costa Rica la probabilidad de ser multado es remota. La Dirección General de Tránsito atiende tres turnos en todo el país con 743 oficiales, de los cuales siempre hay algunos de vacaciones, incapacitados o ausentes por cualquier motivo. Cuando salen a la calle, la atención de accidentes consume buena parte del horario laboral en detrimento de las labores de vigilancia.
Las vías están por la libre. Esos son buenos motivos para considerar un importante aumento en el número de oficiales. Al mismo tiempo, tornan incomprensibles los años de abandono de la vigilancia electrónica, un apoyo utilizado en todo el mundo para mantener el orden en las carreteras.
Con todas las buenas razones existentes para retomar el uso de la tecnología, en especial la escasez de oficiales, el aumento de víctimas y el paso de los años sin progreso alguno, la ciudadanía tendría derecho a esperar una acción expedita para corregir el rumbo. No será así.
El Conavi está redactando un nuevo reglamento para superar las objeciones de la Sala Constitucional a la normativa anterior. El documento estará listo en febrero, dice la institución, cuyas gestiones no se distinguen por la puntualidad. Durante el segundo semestre de este año, habrá una campaña informativa para enterar a la población sobre los nuevos controles.
No hay fecha establecida para instalar las cámaras pero, si todo sale bien, podemos esperarlas para enero del 2018. En esa fecha, apenas tendremos un “plan piloto”, con cámaras instaladas en la ruta Cañas-Liberia y en la vía entre Pérez Zeledón y la zona sur. Las primeras multas aparecerán cargadas al marchamo del 2019 y los infractores podrán apelarlas a partir del 2 de enero. Tendrán diez días hábiles para hacerlo y, posiblemente, meses hasta la definitiva resolución.
En una segunda etapa, las autoridades ampliarán el uso de las cámaras a otras infracciones de tránsito, además del exceso de velocidad. En ese momento, no sabemos en qué administración, la vigilancia electrónica se aplicará contra faltas como la invasión del carril ajeno o la violación de la restricción vehicular.
Quizá debamos estar agradecidos porque a alguien se le ocurrió resucitar el tema de la vigilancia electrónica, utilizada en todo el planeta desde hace décadas sin violar los derechos humanos o las libertades cívicas. Vale preguntar por qué no está listo el reglamento aunque las sentencias con las observaciones de la Sala Constitucional fueron dictadas hace tiempo. ¿Para qué un semestre de campaña informativa? ¿Por qué dedicar las cámaras exclusivamente a vigilar la velocidad durante la “primera etapa”? ¿Cuándo habrá, en verdad, vigilancia electrónica en nuestras carreteras?