EscucharCuando, hace poco más de ocho años, luego de una licitación internacional, un consorcio privado asumió el manejo del puerto de Caldera, uno de sus compromisos era la construcción de un nuevo muelle granelero. Una vez terminada, la obra permitiría que atracaran barcos de mayor calado, reduciría el tiempo de espera y abarataría los costos de descarga, con evidente beneficio para los consumidores y la economía nacional. Además, generaría nuevas fuentes de empleo en Puntarenas, que tanto las necesita.
En circunstancias normales –cada vez más infrecuentes–, la obra habría podido estar lista y en operación a los dos años. Sin embargo, como lo anormal tiende a prevalecer en tantas instancias, sobre todo relacionadas con obras públicas, aún el nuevo muelle, ya terminado, no ha podido comenzar a trabajar.
El retraso de origen fue un injustificado recurso interpuesto por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ante la Sala Constitucional, que tardó más de un año en resolverlo negativamente. Luego se produjo una interminable pugna sobre las características de la obra entre el Instituto Costarricense de Puertos (Incop), la empresa concesionaria y los usuarios, que tardó tres años en ser resuelta. Al fin, entonces, pudo comenzar la obra, que quedó lista en noviembre del año pasado. Se fijó como fecha de inauguración el 18 de diciembre. Sin embargo, la cinta aún no ha sido cortada. Razón: el Incop no ha dado el visto bueno a la obra ni ha fijado las tarifas. Esta vez, el motivo no es un conflicto, sino una ausencia: la del presidente ejecutivo, que debió renunciar por no cumplir con los requisitos establecidos para el cargo y no fue sustituido sino hasta el 27 de enero.
Mientras tanto, el costo de espera de los barcos ($30.000 por día) deben asumirlo los importadores, quienes lo trasladan a los consumidores de los 2,5 millones de toneladas de cereales que pasan anualmente por Caldera.
Sabemos que, durante la última parte de este retraso de varios años, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, se ha esforzado por actuar con diligencia. Sin embargo, la red de trámites, “papeleo” y desinterés ha sido tan enmarañada, y la velocidad de acción de otras instancias tan lenta, que ni siquiera su voluntad y empeño han podido superarlas.
Si estuviéramos ante un caso aislado, siempre tendríamos abundantes razones de preocupación y molestias. Sin embargo, lo que ha ocurrido con Caldera es un ejemplo más de una tendencia que afecta a una gran parte del quehacer del Estado, y que explica, más que ningún otro factor, el enorme rezago en infraestructura que padece nuestro país, con efectos sumamente negativos sobre los precios y la competitividad.
En más de una oportunidad nos hemos referido a este serio problema, que trasciende a varios Gobiernos, y que solo ha empeorado. Las razones son de dos tipos. Por un lado, las leyes y reglamentos en torno a las regulaciones, controles, contrataciones, apelaciones, recursos, supervisión y evaluación han creado tal maraña de obstáculos, que entenderla, administrarla y superarla es cada vez un desafío más complejo. A ello se añade una enervante desconexión entre las estructuras burocráticas encargadas de aplicarlas –y, si lo desearan, agilizarlas– y las necesidades del país. Las normas se han vuelto un fin en sí mismo, no un instrumento para el bienestar, la transparencia, el adecuado uso de los recursos públicos y el bienestar colectivo.
A menudo, además, los jerarcas caen en estas redes, como ha ocurrido con la puesta en marcha de un sistema único de compras públicas, a lo que nos referimos en nuestro editorial del 3 de febrero. En este caso, todos los estudios responsables se inclinaban por la plataforma Mer-Link, totalmente digitalizada y, por ende, blindada ante la manipulación. Pero un grupo de empleados de Hacienda, aferrados a su poder discrecional, se opusieron a generalizarlo a todo el sector público, y el ministro Helio Fallas acogió sus argumentos. Quizá, finalmente, no se salgan con la suya, si se utiliza un Mer-Link con otro nombre, como han dado a entender algunos altos funcionarios. Pero el costo ha sido, de nuevo, un enorme retraso, y el traslado de su ejecución, del ICE a Racsa, se ha hecho sin que medien estudios técnicos.
No existen en el país condiciones políticas para una gran reforma que permita soltar amarras legales, modificar normas y agilizar las contrataciones y ejecución de los proyectos mientras, a la vez, se ejerce una adecuada supervisión. Con mayor razón, las autoridades, en todas las instancias, deben cumplir su deber de desempeñarse con mayor responsabilidad, sentido del tiempo y compromiso con los intereses nacionales sobre los de las estructuras administrativas que las rodean y, a menudo, atan.
