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En dos ocasiones, el 22 de setiembre y el 16 de diciembre del año pasado, la bancada del Partido Nueva República (PNR), liderada por Fabricio Alvarado, salvó al mandatario Rodrigo Chaves del levantamiento de la inmunidad. En la primera, el voto fabricista evitó que el gobernante afrontara la acusación por presunta concusión en el caso BCIE-Cariñitos. En la segunda, impidió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigar 15 denuncias por supuesta beligerancia política.
Pero, en política, dice un refrán popular, no hay almuerzo gratis. El lunes 27 y este martes 28 de abril, un bloque de diputados chavistas, con Pilar Cisneros a la cabeza, devolvió la cortesía. Se ausentaron de la sesión legislativa y, así, impidieron que la Asamblea Legislativa reuniera el cuórum necesario para siquiera abrir la discusión y someter a votación una sanción ética contra Alvarado, denunciado por presunto abuso sexual por la exdiputada y asesora de esa misma fracción, Marulin Azofeifa.
No hicieron falta votos en contra. Bastó con vaciar el plenario. De esa forma, se configuró una dinámica de impunidad cruzada o, en palabras de uso común, se consolidó una “red de cuido” para blindarse unos a otros, un pacto que en última instancia comunica a los ciudadanos que la responsabilidad pública puede diluirse mediante pactos al más alto nivel.
De esa forma tan vergonzosa, estos diputados del periodo 2022-2026 dijeron adiós a cuatro años de gestión. Formalmente, concluyen funciones el 30 de abril, pero optaron por adelantar la caída del telón y aprobaron que la última sesión fuera este martes 28, bajo el argumento de facilitar los preparativos para la ceremonia del 1.° de mayo en la que asumirán cargos los legisladores del cuatrienio 2026-2030.
Como magos de la evasión, escaparon por la puerta de la cocina dejando pendientes proyectos de peso y sin dar ni una sola explicación digna de credibilidad. Salieron –los oficialistas, los fabricistas, cuatro congresistas del PUSC, dos del PLN y dos independientes declarados chavistas– con el descrédito de haber debilitado la confianza en la institución que representaban.
Además, dejaron reducido a un instrumento de papel, fácil de burlar, el ostentoso Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para diputadas y diputados, aprobado en 2021 con el fin de sancionar a los legisladores. Por más que salvaron a Alvarado de una amonestación, el diputado pasará a la historia como el primero a quien se le aplicó esa normativa. Además, quedan en el recuerdo los tres informes de la comisión investigadora: dos que recomiendan sancionarlo y uno, firmado por una compañera de fracción, que sugiere absolverlo.
Otra situación que no podemos olvidar es que, aunque Marulin Azofeifa viene denunciando internamente este supuesto acoso desde 2024, decidió hacerlo público en enero, luego de ver a la entonces candidata presidencial, Laura Fernández, asegurar que mientras fue asesora de Alvarado, ella y otras colaboradoras fueron acosadas. “Nunca voy a olvidar cuando me arrinconó en una oficina con la falsa promesa de regalarme una Biblia”, le dijo la ahora presidenta electa a Alvarado en el debate de radio Columbia. Pese a que en ese momento afirmó que alzaba la voz por justicia para las mujeres que han sido “víctimas de un montón de cochinos”, ahora se limitó a expresar que los legisladores debían “hacer lo correcto”. Ninguno la escuchó.
Igualmente imposible de ignorar es lo sucedido el 3 de noviembre de 2025, cuando la Asamblea votó una moción para pedir a Alvarado que renunciara a su inmunidad para que avanzaran judicialmente las denuncias de dos mujeres por presunto abuso sexual, una de ellas por hechos que habrían sucedido cuando la denunciante tenía 13 años y él, 32. La moción obtuvo 25 votos a favor, pero entre los 18 en contra estuvieron los del bloque chavista-fabricista.
Y a esa seguidilla de alianzas, hace unos días, cuando el plenario intentaba votar la urgente designación de nueve magistrados suplentes de la Sala IV, los fabricistas también se unieron a los oficialistas para impedir que se alcanzaran los 38 votos necesarios. Poco les importó –o eso parece– que desde el 16 de diciembre la Sala carezca de suplentes, ni que decenas de personas sufran por la larga espera de un fallo judicial que proteja sus derechos. El tema cobra relevancia porque la bancada de Nueva República sabía que estaba cerca la votación del caso de Marulin Azofeifa.
Si bien el liberacionista Rodrigo Arias estuvo al mando del Directorio legislativo los cuatro años, en la práctica el oficialismo logró hacer lo que quiso en casos de gran relevancia histórica (era la primera vez que se valoraba levantarle la inmunidad a un mandatario y también la primera vez que los congresistas evaluaban la eventual sanción por acoso sexual a un compañero).
La estrategia de obstrucción o ausentismo legislativo es un arma de doble filo. Los próximos legisladores de oposición podrían hacer lo mismo y hasta dar excusas tan flojas como la narración de Cisneros para no llegar el lunes 27 de abril: el restaurante donde almorzaban se demoró en servirles la comida y, ¡sorpresa!, por más que corrieron, no llegaron a tiempo. Ese subterfugio en un asunto tan relevante como una denuncia por abuso sexual irrespeta a la denunciante y a todas las mujeres del país.
De todo esto queda una lección: las alianzas políticas no pueden seguir utilizándose como mecanismos de protección mutua. Costa Rica sí necesita pactos, pero para trabajar en equipo por buenas causas y exigir rendición de cuentas. Nada más.
