Por segunda vez en menos de tres meses, la bancada del Partido Nueva República (PNR), liderada por Fabricio Alvarado, se dispone a salvar al presidente Rodrigo Chaves de enfrentar una investigación. En setiembre, impidió el levantamiento de la inmunidad para que el Poder Judicial avanzara en el caso BCIE–Cariñitos por presunta concusión, y el martes volvería a votar en contra del desafuero, esta vez para evitar que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pueda siquiera iniciar la pesquisa de 15 denuncias por supuesta beligerancia política.
Alvarado, candidato presidencial para los comicios del 1.º de febrero, alegó en setiembre que “levantarle el fuero a Chaves es ponerle las elecciones en bandeja de plata”. Ahora, asegura que la investigación del TSE convertiría al presidente en un mártir y ayudaría a que la aspirante oficialista, Laura Fernández, gane las elecciones: “Nuestra decisión, como fracción de Nueva República, no es para salvar a Chaves… es para salvar a Costa Rica de Chaves”, dijo.
Ese discurso evidencia que los valores del PNR privilegian el cálculo electoral –cuántos votos se ganarán o perderán– sobre el deber de fortalecer y resguardar, a toda costa, el derecho ciudadano a elegir en plena libertad y sin interferencias, o a exigir que todo funcionario rinda cuentas sobre los actos que se le atribuyen. Dicho de otro modo, el fabricismo reduce las denuncias de beligerancia política a un asunto menor, cuando el riesgo que entraña es nada menos que comprometer la pureza del sufragio.
Aunque no es delito, la beligerancia política es una infracción administrativa grave cuando un funcionario quebranta la imparcialidad que le exige su cargo e intenta influir en el derecho ciudadano a elegir libremente, protegido en el artículo 95 de la Constitución Política. Tan importante es este principio que los constituyentes de 1949 otorgaron al TSE, mediante el artículo 102, inciso 5, la potestad de destituir e inhabilitar por al menos dos años a quien lo vulnere. Los constituyentes convirtieron la neutralidad del Estado en un pilar porque venían de una guerra civil detonada por la manipulación electoral y el uso partidista del Estado.
Por eso dispusieron que, cuando la investigación involucra a las más altas autoridades –incluido el presidente de la República–, el Tribunal debe enviar el expediente a la Asamblea Legislativa para que esta determine si levanta la inmunidad y permite que la pesquisa avance. Chaves está justamente en esa fase: hay 15 denuncias (hoy son más) y, para que el proceso continúe, es indispensable retirar el fuero. El objetivo no es condenar de antemano, sino habilitar la investigación de fondo.
Pese a ello, Alvarado intenta presentarse como un contrapeso del chavismo, aunque sus actos no solo terminan favoreciendo al mandatario, sino evidenciando una convivencia útil para ambos. Basta recordar que, después de que el PNR votara contra el desafuero por el caso BCIE–Cariñitos, la Casa Presidencial premió a la bancada con la inclusión de varios de sus proyectos en las sesiones extraordinarias, mientras los de 34 diputados que apoyaron el levantamiento del fuero resultaron excluidos por completo.
Pero hay otro hecho muy elocuente. El 3 de noviembre, los legisladores afines a Chaves cerraron filas contra una moción que pide a Alvarado renunciar a su inmunidad para que avancen las pesquisas en el caso de dos denuncias de mujeres por presunto abuso sexual, una de ellas por hechos que habrían sucedido cuando la denunciante tenía 13 años y él, 32.
La moción obtuvo 25 votos a favor, pero entre los 18 en contra estuvo el bloque chavista, que salió a defenderlo con supuestos tecnicismos legales. Alvarado sostiene que solo procede renunciar o levantar la inmunidad si hay una solicitud formal de la Fiscalía o de la Corte Suprema de Justicia.
Jurídicamente, su tesis es discutible; políticamente, conveniente; moralmente, débil. Y esa debilidad se nota en este punto: cuando la Corte Plena pidió retirar el fuero a Chaves, él votó en contra pese a que sí existía la solicitud formal que exige como condición en su caso. Y hoy repite la negativa frente a una gestión expresa del TSE, otro órgano constitucional. En pocas palabras, lo que para él es un requisito indispensable en su propia situación, deja de serlo cuando se trata de proteger al presidente.
Todo lleva a concluir que, al bloquear en dos ocasiones el levantamiento del fuero de Chaves, Nueva República concibe la inmunidad como un instrumento político y electoral. Conviene recordarlo una vez más: la inmunidad se creó para proteger a los altos cargos de persecuciones arbitrarias, no para blindarlos frente a investigaciones serias que buscan esclarecer hechos relevantes para la institucionalidad.
Tal vez hoy no sea tan evidente qué obtiene el fabricismo al sostener esta postura, pero el tiempo suele evidenciar que, en política, no hay almuerzo gratis.
