Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, dejó claro que el bloque de gobierno no colaborará en la elección de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional porque considera que esa decisión debe recaer en la próxima Asamblea Legislativa.
“Ah ver, no es una estrategia, es una decisión de la fracción oficialista. Nosotros no queremos nombrar a esos magistrados. No queremos nombrarlos”, afirmó la legisladora.
El argumento central del oficialismo es político: en el actual Congreso cuenta con apenas ocho diputados, mientras que a partir del 1.° de mayo pasará a tener 31 de los 57 escaños, lo que le permitirá incidir de forma determinante en este tipo de nombramientos.
“A nosotros nos parece que, ya saliendo nosotros, le dejemos esa tarea a los otros diputados”, sostuvo Cisneros.
La diputada insistió en que la elección debería quedar en manos del nuevo plenario, que —según dijo— podría incluso impulsar cambios en el proceso de selección.
“Tal vez ellos puedan convencer a la Corte de hacer un nuevo concurso, con una lista abierta, en la que cualquier abogado que cumpla con los requisitos pueda participar y enviar una nómina atractiva, que cuente con el respaldo de los nuevos diputados”, argumentó.
Sin votos… ni intención de darlos
Cisneros fue enfática en que el oficialismo no aportará votos en lo que resta del periodo legislativo. “¿Por qué vamos a correr? No hay por qué correr. Nos quedan dos días de sesiones y nosotros no vamos a ser hipócritas, nosotros se lo hemos dicho: no queremos votar”, afirmó.
También subrayó que, con 49 diputados de oposición, el resto de bancadas tiene la capacidad de concretar la elección sin el oficialismo. “No nos necesitan a nosotros para elegirlos”, agregó.
No obstante, la bancada oficialista se ha aliado a las diputaciones de Nueva República (PNR), integrantes de la Unidad Social Cristiana (PUSC) e independientes, para debilitar el proceso.
Añadió que, si las otras fracciones logran reunir los 38 votos necesarios, el oficialismo no se opondrá.
Cuestionamientos a la nómina
Aunque el énfasis de la posición oficialista está en trasladar la decisión a la próxima Asamblea, Cisneros también cuestionó el proceso actual y la lista de candidatos enviada por la Corte Suprema de Justicia.
“Es una lista cerrada que manda la Corte (…) está muy dividida la votación. Quiere decir que la nómina no es atractiva”, afirmó. Incluso reconoció que dentro de la propia bancada oficialista existen diferencias de criterio sobre los nombres propuestos.
“Lo hemos visto dos o tres veces en fracción, y hay opiniones muy divididas, aún dentro de nuestra fracción”, admitió.
Niegan urgencia o riesgo
A su vez, la legisladora rechazó que la falta de nombramientos represente un riesgo para el funcionamiento de la Sala Constitucional y negó que exista una emergencia. “¿Por qué en peligro?”, cuestionó.
Cisneros atribuyó los atrasos a la propia Corte, al señalar que la nómina fue enviada a destiempo y sin tomar en cuenta el vencimiento de los nombramientos de quienes se encontraban en las suplencias.
“Ellos fueron los que se atrasaron, no nosotros (…) nadie mejor que la Sala Constitucional sabía cuándo se vencían los magistrados suplentes”, afirmó.
También minimizó el impacto de la situación al señalar que el tribunal continúa resolviendo casos. “Faltan menos de 15 días para que empiece la nueva Asamblea Legislativa, así que nadie se va a morir, no hay un drama, no hay un cataclismo (…) están resolviendo los asuntos”, dijo.
Proceso entrabado
La Corte Suprema de Justicia envió una lista de 18 candidatos, de la cual la Comisión de Nombramientos del Congreso recomendó nueve al plenario. Sin embargo, tras seis rondas de votación, ninguno ha alcanzado los 38 votos requeridos.
La Sala Constitucional se mantiene sin magistrados suplentes desde el 16 de diciembre, en medio de retrasos en el proceso legislativo y desacuerdos entre las fracciones.
El cartel del concurso se publicó en enero de 2025, pero la Corte aprobó la lista de aspirantes hasta el 6 de octubre. La nómina ingresó al Congreso el 16 de ese mes y el 25 de febrero la comisión legislativa definió los nombres que elevó al plenario.
Cambio de poder en el Congreso
El fondo de la postura oficialista está ligado al inminente cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso.
A partir del 1.° de mayo, el partido de gobierno pasará a tener mayoría absoluta con 31 diputados, lo que le permitirá incidir directamente en decisiones clave como el nombramiento de magistrados.
El pulso por estos nombramientos se da en paralelo a declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, quien afirmó que buscará “recuperar” el Poder Judicial en los próximos años.
“Nos falta el Poder Judicial (…) juro que daré el esfuerzo que pueda (…) para también recuperar ese poder de la República”, dijo recientemente.
En febrero, pocos días después de la victoria en las elecciones presidenciales de Laura Fernández y el partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), Chaves también afirmó que “reclutaría” a los siete diputados que le faltan al oficialismo para completar los 38 votos. Incluso señaló donde buscaría estos apoyos.
“Ya hay 31 (diputados) buenos de este lado, tiene que haber algunos buenos en la segunda fracción mayoritaria (el PLN)“, indicó.
La jefa oficialista afirma que no darán votos en este periodo y que el nuevo Congreso, donde tendrán 31 curules, debe asumir la elección.