Escuchar
Las dificultades de la enseñanza costarricense, expuestas a lo largo de las últimas semanas por las propias autoridades y por el VIII Informe del Estado de la Educación, justifican un plan de emergencia para recuperar el tiempo perdido, hasta donde sea posible, y enfrentar los nuevos retos planteados a docentes y alumnos.
Las interrupciones del curso lectivo en el 2018 y en el 2019 tuvieron, por devastador remate, la disrupción de la pandemia. El país no estaba preparado para la educación a distancia, ni por la formación de los educadores ni por la disponibilidad de recursos técnicos. La falta de lecciones se sumó a la de los años anteriores para ponernos al borde de otra generación perdida. Ese temor aumenta con los efectos de la pandemia sobre la condición socioeconómica del alumnado.
Los estudiantes pobres en el sistema público de enseñanza aumentaron de 360.000 en el 2019 a 504.000 el año pasado. Esos 144.000 niños, súbitamente ubicados entre quienes no logran cubrir sus necesidades básicas, elevaron la pobreza entre los estudiantes del 30% al 42%.
Peor todavía, del total de alumnos pobres hay 297.000 en pobreza extrema, unos 11.000 más que en el 2019. Los datos están en línea con la información recopilada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) sobre el aumento de la pobreza de los hogares del 21% en 2019, al 26,2% en 2020.
La pobreza impone graves limitaciones al aprendizaje y, confabulada con las deficiencias del sistema educativo, agravadas por la pandemia, pero no nacidas exclusivamente de ella, amenaza seriamente el futuro de los niños afectados y del país en su totalidad.
Una de las formas en que se perpetúa la pobreza es, precisamente, el bajo nivel educativo del hogar. En consecuencia, las limitaciones de la actualidad se proyectarán sobre las siguientes generaciones si la sociedad se muestra incapaz de alterar el rumbo.
La reactivación económica y la generación de empleo son primordiales. El aumento de la pobreza va de la mano con la pérdida de puestos de trabajo a causa de la emergencia sanitaria. La reducción de jornadas, la suspensión de contratos laborales o la desaparición de empresas y empleos, se tradujo en el empobrecimiento de las aulas. La recuperación de la actividad económica tendrá el efecto opuesto.
También es indispensable incrementar la eficacia de los programas de apoyo social, asegurando el arribo de la ayuda a manos de sus legítimos destinatarios. Demasiados recursos quedan enredados en la frondosidad de la burocracia y otros benefician a quienes los necesitan menos, como sucedió con parte del bono Proteger y ocurre en otros programas sociales.
LEA MÁS: 150.000 familias dependen de alimentos del MEP para subsistir
Según el Ministerio de Trabajo y el Instituto Mixto de Ayuda Social, 54.000 personas cobraron el bono sin cumplir los requisitos. En total, fueron 113.558 desembolsos indebidos por ¢10.200 millones.
A modo de ejemplo de otro gasto mal dirigido, las escuelas quedaron sin presupuesto para atender las solicitudes de alimentos de 27.254 alumnos, mientras el Ministerio de Educación pagaba al Consejo Nacional de Producción tres veces más por los huevos o el doble por los frijoles de los comedores escolares.
Además, la pandemia puso en evidencia la enormidad de la brecha digital, pero, también en este caso, está pendiente el pleno aprovechamiento de los recursos disponibles. El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) dispone de cientos de millones de dólares para ese fin.
A inicios del 2020, proyectaba invertir $584 millones en los siguientes seis años, pero el país ha visto pasar el tiempo sin atestiguar el avance anhelado.
Sobre todo, es necesario reformar el sistema educativo, cuyas falencias preceden a la pandemia e incluso a la sucesión de huelgas iniciadas en el 2018.
Anteriores informes del Estado de la Educación venían señalando los perjuicios de las inercias burocráticas, las estructuras fallidas, débiles liderazgos, rígidos y anquilosados sistemas de reclutamiento docente, ausencia de mecanismos de evaluación y capacitación insuficiente, además de la entronización del gremialismo a ultranza entre gran cantidad de educadores y el crecimiento de una cultura de desdén por las responsabilidades hacia los estudiantes.
Otros señalamientos tienen relación con la falta de consecuencias por los incumplimientos recurrentes de las obligaciones de docentes y administradores, como sucede con el gran número de directores que inflan la matrícula para recibir mejores remuneraciones. También en este caso es necesario revisar si los recursos invertidos fluyen hacia las verdaderas prioridades.
La lista es larga y suena a la proverbial carta del niño, pero sin reforma no hay salida y la urgencia no puede ser más obvia. El país debe unir voluntades para pensar en el progreso, comenzando por remover tantos obstáculos como sea posible del camino de esos 504.000 niños en condición de pobreza que luchan por salir adelante en un sistema educativo que les está fallando.
