La Asamblea Legislativa envió al país –pero especialmente a las mujeres trabajadoras, a las madres y a las jóvenes– uno de los mensajes más desalentadores que se recuerden en materia de hostigamiento sexual. Lo hizo al negarse siquiera a discutir una eventual amonestación ética pública contra el ahora exdiputado Fabricio Alvarado Muñoz, denunciado por presunto hostigamiento sexual por quien fuera asesora de la fracción de Nueva República, la exlegisladora Marulin Azofeifa.
Con tal desenlace, el Congreso evadió una discusión ética de trascendencia pública y, a la vez, transmitió una señal de indiferencia hacia quienes se atrevan a dar la cara, aportar audios, textos y someterse al estrés emocional y social que implica un procedimiento de esta naturaleza. En la práctica, se empuja al silencio a mujeres y hombres que, en algún momento, pudieran sentirse necesitados de denunciar conductas impropias dentro de estructuras de poder político.
Es necesario señalar que fueron las bancadas del oficialismo, de Nueva República y sus aliados quienes evitaron que el plenario siquiera discutiera los tres informes emitidos en abril por una comisión especial investigadora –dos recomendaron reprender a Alvarado y uno, eximirlo-.
Cuando la Asamblea del cuatrienio 2022-2026 se aprestaba a cerrar funciones, la veintena de aliados se ausentó, impidiendo alcanzar el cuórum necesario para sesionar. El 27 de abril no llegaron por ir a almorzar, y el 28, por participar en una gira presidencial en Puntarenas.
El expediente lo heredó el nuevo Congreso y, este 14 de mayo, cuando iba a debatirse, la presidenta del Directorio Legislativo, la también oficialista Yara Jiménez, optó por archivar el expediente. Se amparó en un criterio del Departamento de Servicios Técnicos, según el cual la Asamblea pierde la potestad de imponer una amonestación ética una vez que el denunciado deja de ocupar el cargo.
Días antes, a solicitud de la propia Jiménez, el Departamento de Asesoría Legal había emitido un criterio contrario: sí era posible continuar el trámite aun cuando Alvarado ya no ejerciera funciones porque lo relevante –según ese criterio– era que los hechos denunciados hubiesen ocurrido mientras el investigado ostentaba la investidura parlamentaria. En la misma línea se pronunció la Defensoría de los Habitantes.
Con lo sucedido, queda reducido a la inutilidad el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas, promulgado en 2021 para facultar al plenario a discutir y eventualmente emitir una amonestación ética pública. La máxima sanción es una reprimenda moral y pública; nada más.
Si Yara Jiménez dijo que, como mujer, madre e hija, se siente impotente por el desenlace, lo coherente es impulsar una reforma al reglamento para cerrar esos portillos que permitieron neutralizar un mecanismo que se aplicaba por primera vez a un congresista.
Por su condición de máxima jerarca del Poder Legislativo, debe tener presente, también, que la Ley 7476, contra hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia, obliga a todo patrono o jerarca a prevenir, investigar y dar trámite a las denuncias. El artículo 12 incluso establece responsabilidad para quien, pese a haber recibido una queja, incumpla con las obligaciones que impone la ley.
De ahí que se haga urgente evaluar las aparentes omisiones de jefaturas en las denuncias planteadas por Azofeifa desde hace varios años. Es más, como patrono, la Asamblea queda muy comprometida, precisamente, por lo que estipula el artículo 12.
Este caso tiene, además, una enorme carga simbólica. El nuevo Congreso no solo está presidido por una mujer, sino que es la primera vez que las diputadas superan en número a los diputados (30 frente a 27), lo cual abría la expectativa de una mayor sensibilidad frente a quejas de hostigamiento sexual.
La expectativa era mayor porque la hoy presidenta de la República, Laura Fernández, denunció durante la campaña haber sufrido conductas inapropiadas por parte de Alvarado cuando fue su asesora y afirmó que levantaba la voz “por justicia, por las miles de costarricenses” víctimas de abusos. Horas después, Azofeifa rompió el silencio; según dijo, empoderada por el discurso de Fernández. Aseguró que durante años calló por miedo al poder político de Alvarado y a la percepción de que, en política, las estructuras suelen proteger al poderoso y desacreditar a las mujeres que se atreven a hablar.
Aunque Alvarado fue salvado de una probable amonestación ética y los políticos le dieron la espalda a la discusión de la denuncia, será en el Poder Judicial donde se esclarecerán los hechos denunciados no solo por Azofeifa, sino también por otras dos mujeres, entre ellas, Alicia Castillo, quien a inicios del 2025 dio la cara para reclamar por acciones que habrían sucedido cuando ella tenía 13 años y Alvarado, 32.
La decisión tomada por la jerarca del Congreso, así como las acciones que impidieron a los anteriores legisladores votar en relación con este caso, constituyen un pésimo mensaje del cual se desprende una clara lección: la independencia del Poder Judicial debe ser intocable. Porque quedó demostrado que cuando el poder político mete la mano, ganan la impunidad y las “redes de cuido”.