La Asamblea Legislativa exige cuentas a magistrados, ministros, presidentes ejecutivos y jerarcas de todos los poderes del Estado. Aprueba censuras, convoca comparecencias, solicita informes y, si lo considera necesario, impulsa destituciones. Sin embargo, cuando debe rendir cuentas hacia dentro, el Congreso avanza a medias.
Desde 2018, el artículo 112 de la Constitución Política establece que la violación al deber de probidad puede acarrear la pérdida de la credencial de un diputado, siempre que exista un procedimiento aprobado por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea. La reforma envió un mensaje contundente sobre la responsabilidad ética del cargo. Sin embargo, ese mandato está incompleto. La norma constitucional existe; lo que falta es una ley que defina cómo hacerla efectiva.
Iniciativas no han faltado. Entre 2018 y 2022 se discutió un proyecto para crear un régimen de responsabilidad por faltas al deber de probidad, que establecía un procedimiento formal para investigar a diputados, contemplaba la intervención del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Procuraduría de la Ética Pública, y preveía sanciones desde la suspensión de dietas hasta la eventual pérdida de credencial en casos muy graves. La propuesta no prosperó.
El 25 de enero de 2026 se presentó una nueva iniciativa que regula un procedimiento administrativo, crea una comisión instructora, garantiza el derecho de defensa, establece sanciones y remite el caso al TSE para la eventual cancelación de credenciales. Y sí, todo depende de la voluntad de 57 diputados.
La urgencia de decidir se sustenta en casos del pasado, del presente y del futuro inmediato. La nueva Asamblea que asumirá funciones el 1.° de mayo recibirá a congresistas que llegan con causas penales abiertas. Según el Ministerio Público, al menos 12 de los legisladores electos acumulan 48 investigaciones por delitos como prevaricato, tráfico de influencias, nombramientos ilegales, peculado e incumplimiento de deberes.
También llegará al Congreso una legisladora investigada por un presunto intento de soborno a una joven violada por su hijo, cuando la víctima era menor de edad. La intención habría sido que se retractara antes del juicio, en el que finalmente el hombre fue condenado a 14 años de prisión.
Ante todo, debe subrayarse que rige el principio de inocencia mientras no exista sentencia firme. No obstante, la inmunidad parlamentaria modifica el trámite procesal. Una vez que asuman sus cargos, cualquier avance en esas investigaciones requerirá el levantamiento del fuero. El Congreso se convierte, en la práctica, en un actor decisivo para que los procesos continúen sin obstáculos.
La pregunta es inevitable: ¿qué hará la nueva Asamblea cuando deba decidir sobre el levantamiento de inmunidades o cuando enfrente eventuales faltas graves al deber de probidad de alguno de sus miembros? Lo deseable es una respuesta firme y ajena a cálculos partidarios, que anteponga el interés público y actúe con la misma severidad que exige a otros poderes del Estado.
Uno de los pocos avances que la Asamblea ha logrado para investigarse a sí misma se dio en 2021, cuando aprobó el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual para Diputados y Diputadas, luego de años de vacío normativo. La investigación abierta este mes contra Fabricio Alvarado, de Nueva República, pone a prueba, por primera vez, la capacidad de los legisladores de examinar a uno de los suyos con rigor, respeto al debido proceso y, sobre todo, con celeridad, pues el actual periodo legislativo concluirá el 30 de abril.
Este reglamento contra el acoso sexual también establece un procedimiento, fija plazos, crea una comisión instructora de diputados y prevé, de comprobarse responsabilidad, una amonestación ética pública. Ello demuestra que el Congreso puede autorregularse cuando existe voluntad para hacerlo.
No se trata de equiparar hostigamiento sexual con corrupción ni de prejuzgar a nadie. Se trata de coherencia. La Asamblea ha actuado con firmeza cuando ha considerado que otros poderes deben rendir cuentas. En 2018, destituyó al entonces magistrado, Celso Gamboa, de la Sala Tercera, tras una recomendación de la Corte Plena. En 2024 emitió un voto de censura contra la entonces ministra de Educación y hoy diputada electa, Anna Katharina Müller, por el recorte de ¢65.000 millones al presupuesto del Ministerio de Educación Pública para 2025. El martes pasado, aprobó una ley que obliga a los 22 magistrados del Poder Judicial y a los del TSE a rendir cuentas anuales sobre su gestión, bajo apercibimiento de amonestación.
Si el Congreso exige transparencia hacia fuera, debe garantizarla hacia adentro. La credibilidad del primer poder de la República no se fortalece solo con discursos, sino con reglas claras, procedimientos efectivos y decisiones sin cálculos partidarios.
La aplicación del Reglamento contra el Hostigamiento Sexual para Diputados y Diputadas será una primera señal. La aprobación de un régimen de probidad operativo sería la prueba definitiva de que la Asamblea entiende el momento político que atraviesa el país. Un electorado que acaba de acudir a las urnas no solo espera leyes y debates. Espera integridad. Si el Congreso quiere recuperar confianza, debe empezar por casa.