Los diputados aprobaron este miércoles, en el plenario de la Asamblea Legislativa, un Reglamento contra el hostigamiento sexual que aplicaría para congresistas señalados por alguna conducta de ese tipo.
Se trata de un cuerpo normativo de 31 artículos que busca sancionar de alguna forma a los legisladores que sean denunciados por hostigamiento o acoso sexual contra el personal del Congreso.
La sanción que se aplicaría contra los parlamentarios, en caso de que se demuestre la conducta inadecuada por su parte, sería una “amonestación ética pública” aprobada en el plenario de la Asamblea Legislativa contra el ofensor.
El Reglamento también establece que la sesión en la que se decida si se aprueba la sanción podría ser secreta, “mediante acuerdo en que consten las razones fácticas y jurídicas que justifiquen tal medida”.
Ese acuerdo para hacer la sesión secreta necesitaría el apoyo de 38 congresistas.
El acuerdo que tome el plenario podría ser recurrido por el diputado; de igual forma, se pueden presentar apelaciones contra acuerdos tomados en el plenario.
A favor de la propuesta estuvieron los 43 congresistas que estaban en el plenario en ese momento.
Por tratarse de un reglamento, o sea, un cuerpo normativo de autorregulación para los diputados, solamente requería de una votación y, de inmediato, se ordenó integrar dentro del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
Para determinar si un congresista debe ser sancionado, luego de recibirse una denuncia en su contra, se deberá presentar una moción al plenario donde se determine si se abre una investigación sobre el caso.
En caso de que se apruebe la creación del órgano investigador, con una integración de tres o cinco miembros, este tendrá un plazo de hasta tres meses para emitir un informe al plenario.
En el reglamento, también se establece la opción de dictar medidas cautelares durante el lapso que dure el proceso de la comisión, entre ellas que la persona denunciada se tenga que abstener de perturbar a la persona denunciante.
El congresista denunciado también tendrá que abstenerse de interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona denunciante.
Eventualmente, también se podría ordenar la reubicación laboral de quien denuncie, en caso de que compartan departamento u oficina, o haya una relación de subordinación.
También se tomaría en cuenta la reubicación cuando haya indicios de que el hostigamiento continúe.
“Excepcionalmente (se ordenaría) la separación temporal con goce de salario”, dice el reglamento.
La diputada Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), enfatizó que tuvieron que pasar 11 años para concretar el acuerdo político que les permita tener una reglamentación para sancionar las conductas de acoso sexual que hagan los diputados.
“Es importante porque no solo han pasado 11 años, sino también porque nos estamos autorregulando y que estén claras las reglas de juego, en caso de este tipo de conductas”, acotó y destacó que es un mensaje claro para los próximos legisladores.
“Este es un espacio libre de acoso sexual”, apuntó y recordó que en el pasado ha habido ese tipo de conductas.
La presidenta de la Asamblea, Silvia Hernández, asoció la caída en la confianza de la ciudadanía hacia el Congreso de los últimos años en el grado de impunidad que ha reinado en la Asamblea Legislativa.
“La autorregulación o la sensación de no dejar a nadie exento de un proceso, en una práctica tan compleja como es el hostigamiento, es uno de los temas que tiene todo que ver con la confianza hacia las instituciones”, dijo.
La liberacionista apuntó que la aprobación de la reglamentación es un paso trascendental.
José María Villalta, del Frente Amplio, cuestionó que, a pesar de que esa ausencia de normativa se había identificado y señalado por varias instituciones, la Asamblea pasó años sin esa reglamentación y enfatizó que su propia bancada protagonizó la denuncia de una asesora contra un exdiputado por “indicios graves de una conducta reiterada de hostigamiento sexual, incluyendo amenazas de perder el trabajo”.
“Ese caso nos llevó a tomar la dolorosa decisión de solicitarle la renuncia a ese diputado, que al final renunció a su cargo. Sin embargo, si el diputado no hubiera querido renunciar, como ha ocurrido en otros casos, hubiera seguido pese a las denuncias y el calvario para las víctimas”, agregó.
También recordó Villalta el caso de un excongresista del Partido Liberación Nacional (PLN) del 2006-2010. “Al final, el diputado cuestionado nunca se hizo responsable. Hemos tenido un ambiente de impunidad en este parlamento”, enfatizó.