Casi 10 años después de que la Sala Constitucional le giró una instrucción a la Asamblea Legislativa para implementar los mecanismos necesarios que permitan cancelar las credenciales a los diputados que falten al deber de probidad, dicha norma sigue sin poder aplicarse en la realidad.
A ello contribuye la decisión tomada por los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso, que este miércoles sepultaron uno de los tres proyectos de ley que permitiría sancionar efectivamente a los legisladores que falten a sus deberes.
Pero esa resolución de los miembros del foro tiene historia, pues en la Comisión de Asuntos Jurídicos, sus integrantes tampoco movieron un solo dedo para avanzar en el trámite del expediente 21.082, antes de que se le venciera el plazo reglamentario.
La legisladora Yorleny León presentó la iniciativa de Ley de Pérdida de Credencial de Diputado el 5 de noviembre del 2018, seis meses después de que se aprobó la reforma constitucional en el artículo 112 que introdujo la violación al deber de probidad como una causal para perder la curul.
Aunque ese mismo noviembre se le asignó el estudio del expediente a la Comisión de Jurídicos, no entró en el orden del día de ese foro hasta mayo del 2019, donde pasó sin que le hiciera un solo trámite, un año completo.
Al foro de Sociales llegó el proyecto de León el 27 de mayo anterior y, desde ese momento, hasta la fecha, tampoco mostró avances.
Este miércoles, los parlamentarios tomaron la decisión de archivar la iniciativa porque el plazo reglamentario para presentarle mociones se vence el 28 de setiembre y, después de eso, tendrían muy poco tiempo para dictaminarlo y remitirlo al plenario.
El problema es que, en casi dos años, no se realizó una sola audiencia ni una sola petición de criterio a nadie sobre el texto del proyecto, como dijeron los miembros de Sociales antes de votar para archivarlo.
Pese al archivo de la iniciativa en Sociales, aún perviven dos expedientes más con una intención similar, ambos en la Comisión de Jurídicos: el 21.515, de la oficialista Carolina Hidalgo, y el 21.270, del frenteamplista José María Villalta.
La directriz girada por el tribunal constitucional, a finales del 2010, se dio luego de que resultara imposible sancionar a los exdiputados liberacionistas Fernando Sánchez, por su participación en un memorando que recomendaba acciones contra quienes estuvieran en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y Maureen Ballestero, quien utilizó una avioneta de la Fuerza Pública para asistir a actividades político electorales.
Reclamos y acusaciones
Ante la decisión que tomaría Sociales este miércoles, la oficialista Hidalgo asistió el martes a ese foro y emitió comentarios que no fueron bien recibidos por los congresistas.
La rojiamarilla aseguró que los parlamentarios debían ser coherentes con la reforma constitucional aprobada a inicios del periodo. “Es una vergüenza que en este cuatrienio no se defina el procedimiento para sancionar diputados”, cuestionó.
La legisladora de gobierno agregó que, en su criterio, la comisión aún tenía tiempo para hacer enmiendas y dictaminar la propuesta. “El mensaje es que, por procedimiento, no hay interés”, adujo.
La presidenta del foro, la restauracionista Xiomara Rodríguez, manifestó que durante el tiempo en que el plan estuvo en Sociales no se pudieron hacer audiencias ni conocerse la propuesta a profundidad, ni tampoco se sopesaron las capacidades administrativas o financieras de la Procuraduría de la Ética Pública, el Tribunal Supremo de Elecciones o el Tribunal Contencioso Administrativo.
“Hay una serie de posibles vicios de constitucionalidad y violación a principios de seguridad jurídica” en el texto, afirmó Rodríguez. Y subrayó que esa comisión no trabaja de forma apresurada ni de un día para otro.
A raíz de lo dicho por Hidalgo, reaccionaron molestos el verdiblanco Luis Antonio Aiza, Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), y la socialcristiana Shirley Díaz.
“Cómo es posible si ellos (en Jurídicos) tuvieron el proyecto y no lo movieron y vienen a incriminarnos, que cómo lo vamos a enterrar (...) Fue casi un insulto la forma en que nos habló”, recriminó Aiza.
Al guanacasteco lo secundó Villegas, quien mencionó que no fue “casi” un insulto lo dicho por Hidalgo, sino un total insulto y que ella no tenía potestad para tratarlos de forma despectiva. “No son de recibo sus insultos”, aseveró.
Díaz, por su parte, comentó estar cansada de que cuando hay diferencias de criterios “vengan y traten de pasar encima como un tractor”.
“Si ya una comisión y un grupo de diputados dijeron que no, yo no entiendo qué parte no entienden”, indicó.
En tanto, León, madre del plan, estuvo de acuerdo en el consenso para archivar el proyecto, por la falta de recursos reglamentarios para tramitarlo debidamente.
No obstante, la liberacionista presentó la iniciativa nuevamente, este jueves, bajo un nuevo número de expediente, el 22.226.