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Los diputados aprobaron de forma unánime un proyecto de ley que obliga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a rendir cuentas por su trabajo y, además, los sanciona en caso de incumplir con la presentación de sus informes.
La iniciativa, impulsada por la subjefa liberacionista, Alejandra Larios, agrega un capítulo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se establece la obligación de presentar el informe anual, ante la Corte y ante la Asamblea Legislativa.
En el documento, los magistrados deben informar de las actividades relacionadas con su labor en la respectiva sala, durante el periodo en cuestión, así como la estadística de expedientes recibidos, tramitados y resueltos, así como el detalle de sus votos salvados y notas, su participación en comisiones, el detalle de informes de proyectos de ley elaborados a solicitud del Congreso, así como las sesiones de Corte Plena en que tuvo participación, entre otros.
Aparte de la obligación de entregar los informes de rendición de cuentas, el proyecto aprobado establece que el documento debe ser publicado y estar disponible a la ciudadanía, para consulta pública, a través de los sitios web del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa.
El magistrado que no presente su debida rendición de cuentas en el plazo establecido, es decir, un mes a partir de que se cumplió el año de labores, cometerá una falta grave, la cual se castiga con una amonestación escrita o con suspensión de hasta dos meses.
En el caso de las personas magistradas del TSE, el proyecto aprobado establece que deben presentar su informe anual, a partir de la fecha de su nombramiento, y deberán presentar esa rendición de cuentas ante la Corte Suprema de Justicia, y deberá publicarse tanto en el sitio web del Poder Judicial como en el del órgano electoral.
Alejandra Larios, impulsora de la iniciativa, destacó que actualmente no existe el carácter obligatorio para que los magistrados entreguen su informe de rendición de cuentas, ni se establece la forma ni los datos que debe contener ese documento.
Tampoco existe, en el ordenamiento jurídico vigente, una sanción para los altos jueces que incumplan con ese mecanismo de transparencia.
“Es una forma no solo de cumplir con el principio de transparencia, sino también para acercar la ciudadanía al trabajo de las magistraturas y cómo avanza este”, dijo Larios.
La verdiblanca afirmó que se trata de un paso importante para el cumplimiento no solo de la rendición de cuentas, sino también de la probidad en el ejercicio de la función pública en esos dos poderes de la República.
