Un oficio enviado por la Defensoría de los Habitantes a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, el pasado 13 de mayo, advirtió que la salida de un funcionario denunciado no elimina la posibilidad de que el Congreso conozca y resuelva administrativamente un caso de presunto hostigamiento sexual ni las eventuales responsabilidades institucionales derivadas de este tipo de hechos.
Así lo señaló la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en un documento enviado a la presidenta legislativa, al que tuvo acceso La Nación, en el que se refirió al el procedimiento seguido contra el exdiputado Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual contra la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa.
“Incluso en aquellos escenarios en los que la persona denunciada ya no ocupe el cargo, si del análisis realizado se determina la responsabilidad por hostigamiento sexual, la consecuencia institucional no se agota en la posibilidad de ejecutar materialmente una sanción”, señala el criterio de la Defensoría.
Este jueves 14 de mayo, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, archivó los informes de la comisión especial, al acoger un criterio del Departamento de Servicios Técnicos, el cual concluyó que no correspondía continuar el trámite en el Plenario Legislativo debido a que Alvarado ya no ejerce como diputado.
Esto, pese a otro criterio de la Dirección de Asesoría Legal del Congreso, que señaló que dichos informes debían seguir su curso en el plenario, aunque el exlegislador ya no ocupara una curul.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, cuestionó además que el oficio de la Defensoría de los Habitantes no fuera comunicado oportunamente a las diputaciones antes de archivarse el expediente.
“Ayer entró una resolución de la Defensoría de los Habitantes que dice que sí se debe de discutir y que sí se debe votar. Y hoy entró la de Servicios Técnicos, que tampoco ni la de ayer de la Defensoría ni la de Servicios Técnicos de hoy nos fue comunicada oportunamente”, afirmó durante la sesión del Plenario.
La legisladora también aseguró que el proceso “no ha sido transparente” y reclamó que las diputaciones y jefaturas de fracción debían contar con toda la información jurídica antes de tomar una decisión sobre el caso.
Defensoría insiste en que Congreso debía resolver el caso
Además, la institución solicitó a la presidenta legislativa valorar los informes técnicos relacionados con el procedimiento por presunto hostigamiento sexual contra Alvarado.
En el documento, la Defensoría reiteró que el hecho de que la persona denunciada ya no ocupe el cargo “no exime de la necesidad de que la institución brinde una respuesta en el ámbito administrativo sobre los hechos denunciados”.
El oficio también señala que este tipo de procedimientos se rigen por la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (Ley N.° 7476) y recordó que los casos deben analizarse bajo principios como la confidencialidad, la no revictimización y la adecuada valoración de la prueba.
Además, la Defensoría advirtió que las eventuales investigaciones penales no sustituyen la obligación administrativa de la Asamblea Legislativa de conocer y resolver los hechos denunciados.
La institución expresó preocupación porque el caso quedara sin resolución en el Congreso y sostuvo que este tipo de situaciones “puede debilitar la respuesta institucional frente al hostigamiento sexual”.
“La ausencia de una respuesta institucional clara en este tipo de procedimientos compromete la responsabilidad institucional y transmite tolerancia frente a estas conductas”, indicó la Defensoría.