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Las cuatro fracciones de oposición condenaron con dureza la decisión de la presidenta legislativa, Yara Jiménez, de archivar los informes de la comisión especial investigadora sobre el presunto hostigamiento sexual que el exdiputado Fabricio Alvarado habría cometido contra la exlegisladora y exasesora Marulin Azofeifa.
Los voceros de las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) acusaron a la jerarca del Congreso, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), de propiciar, con su decisión, el “encubrimiento” y la “impunidad” de Alvarado, pese a que la propia presidenta de la República, Laura Fernández, electa por esa agrupación política, dijo haber sido víctima de acoso por parte del exlegislador.
“Nunca voy a olvidar cuando me arrinconó en una oficina con la falsa promesa de regalarme una Biblia”, declaró Fernández, el 26 de enero, durante un debate entre candidatos presidenciales organizado por la emisora Columbia y la U Latina.
Cuestionan coherencia del oficialismo
Para Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, resulta “incomprensible e indignante” que Pueblo Soberano defienda a la persona que fue señalada “por su propia presidenta”.
El vocero verdiblanco argumentó que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de evidenciar que la ética no se negocia, “y que no se negocia con acosadores”.
Ramírez también acusó a la fracción de gobierno del periodo anterior de “huir” para no votar los informes. Esto, luego de que la totalidad de los diputados oficialistas se ausentara de las dos últimas sesiones del plenario, junto con sus aliados: los integrantes del bloque fabricista de Nueva República, dos legisladoras del PLN y dos independientes.
“Ha habido una estrategia deliberada para proteger a Fabricio Alvarado, que se viene dando de manera sistemática desde la legislatura anterior (...) Lo que yo no entiendo es por qué esa obsesión”, reclamó Ramírez.
Pirueta jurídica
En la misma línea se pronunció Abril Gordienko, de la bancada unipersonal del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). “Yo también me siento muy apenada de que el propio partido oficialista le haya dado la espalda a la presidenta de la República”, manifestó.
La diputada rojiazul calificó de “pirueta jurídica” la resolución de Jiménez, quien optó por basarse en el criterio de Servicios Técnicos —que concluyó que no correspondía al plenario pronunciarse, dado que Alvarado ya no era diputado—, en lugar de la opinión de la Asesoría Legal, que sostuvo lo contrario.
“No se acabaron los ticos con corona, nada más las coronas cambiaron de cabeza”, agregó.
Denuncian red de cuido
José María Villalta, jefe del Frente Amplio (FA), indicó que la decisión de la presidenta legislativa, electa por el partido oficialista, “refuerza la impunidad” y busca “institucionalizar la red de cuido y la protección para los acosadores sexuales”.
Asimismo, aseguró que la resolución desconoce la jurisprudencia constitucional que establece que los procesos disciplinarios iniciados deben concluir. Afirmó que el Congreso está en la obligación de pronunciarse y que “no hacerlo es denegar justicia a la víctima”.
Rechazó el argumento de Jiménez de que el archivo del caso no genera indefensión ni impunidad, al señalar que el proceso también se tramita en la vía penal. “La sanción es ética y se puede aplicar independientemente de si el funcionario o el diputado está todavía en el cargo”, mencionó.
“La bancada de Pueblo Soberano y el gobierno de la República están poniendo a funcionar su red de cuido, contradiciendo todos los principios cristianos, toda preocupación por el género y su discurso de mano dura”, agregó.
Evadir la responsabilidad
Finalmente, Claudia Dobles, de la fracción unipersonal de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), expresó su molestia por lo ocurrido este jueves en el plenario y porque “esa vergüenza haya sido defendida por otras mujeres”.
También cuestionó que se distribuyeran a las 57 diputaciones los tres informes emitidos por la comisión especial que investigó la denuncia de Azofeifa contra Alvarado. A su criterio, esto evidenciaba la intención de someterlos a votación, luego de que la Asesoría Legal concluyera que debían ser conocidos por el plenario, pese a que el denunciado ya no ocupa el cargo.
“Es una justificación para evitarse la vergüenza de votar protegiendo al señor Fabricio Alvarado”, concluyó.
