El Juzgado Penal de Desamparados resolvió este miércoles que el exdiputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), deberá cumplir una sola medida cautelar mientras continúa la investigación en el expediente penal en el que figuran tres denuncias por presunto abuso sexual.
Según confirmó a La Nación José Andrés Pacheco, abogado de Alicia Castillo, una de las denunciantes, la jueza que conoció el caso definió que Alvarado tiene prohibido contactar, perturbar o interferir, de cualquier forma, con las presuntas víctimas y testigos. Así lo informó más tarde también el Poder Judicial.
Además de Alicia, aparece como denunciante en este mismo legajo la exdiputada y exasesora legislativa Marulin Azofeifa, así como una tercera mujer que prefirió mantenerse alejada del proceso.
La medida avalada por la jueza la solicitó el Ministerio Público durante la audiencia respectiva. Esta convocatoria inició a las 9 a. m. de este miércoles en la mencionada sede judicial y finalizó poco antes del mediodía.
La Fiscalía realizó esa solicitud porque, a su juicio, en el caso del exlegislador únicamente existía un peligro de obstaculización del proceso.
En esta audiencia se discutieron los tres casos de presunto abuso, aunque por razones todavía desconocidas, solo se convocó de manera oficial a Pacheco y a su clienta.
Tras conocer la medida, el abogado aseguró que respeta la decisión de la jueza. Por su parte, Eric Ramos, defensor del exdiputado, indicó que tampoco se oponía a la medida, pues considera que se trata de una obligación que tiene cualquier imputado.
David Delgado, uno de los abogados de Marulin Azofeifa, declaró a este diario que el equipo de la exlegisladora también respeta la petición del Ministerio Público y la decisión del juzgado, aunque estima que es insuficiente.
El abogado señaló que advirtió a la Fiscalía, hace tan solo seis días, que existía un riesgo de fuga, pues el propio 30 de abril, cuando dejó la curul, Alvarado salió de Costa Rica con destino a Argentina y regresó ocho días después.
Abogados pedían otras medidas
El 7 de mayo, Delgado fue uno de los abogado que acudió con denunciantes al Ministerio Público para solicitar que el fiscal a cargo del caso solicitara, ante el juez penal, que se le impusiera al exdiputado arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Adicionalmente, pidieron que Alvarado entregara todos sus pasaportes ante la autoridad judicial, se le impusiera la prohibición de comunicarse con los testigos y la obligación de firmar una vez al mes en un despacho judicial. El objetivo de estas solicitudes era impedir que el excandidato saliera del país mientras avanza el proceso judicial.
Ramos, abogado de Alavarado, explicó que el exdiputado notificó al Ministerio Público sobre su salida del país y su intención no era evadir el proceso.
Luego de que el exdiputado regresó a Costa Rica, la Fiscalía General de la República lo citó a una indagatoria inicial el 12 de mayo. Al salir de la sede judicial, Alvarado rechazó contestar preguntas ni emitir algún comentario. Fue su abogado quien contestó a los medios sobre la indagatoria.
Ese día, el defensor cuestionó la necesidad de que se impusieran medidas cautelares, como lo planteaban los abogados de Marulin Azofeifa y Alicia Castillo.
“Eso es un tema de necesidad procesal. Cuál va a ser la necesidad de cualquier tipo de medida, si nos apersonamos desde el año pasado, cada vez que se ha presentado una denuncia nos hemos apersonado de manera voluntaria”, dijo Ramos.
Inicialmente, el caso estaba en manos del fiscal general, Carlo Díaz, pues Alvarado era miembro de un supremo poder y esto le garantizaba inmunidad. Tras dejar la Asamblea Legislativa, el pasado 30 de abril, el expediente pasó a trámite normal en la Fiscalía de Género.
El abogado de Azofeifa, David Delgado, indicó que permanecerá vigilante para asegurarse de que Alvarado cumpla con la medida impuesta por juzgado penal y no evada el proceso que se lleva en su contra.
Las denuncias
Alicia Castillo denunció a Fabricio Alvarado el 18 de febrero del 2025, y su relato fue ampliado el 7 de agosto de ese mismo año. Castillo afirmó que fue víctima de abuso sexual en 2006, cuando ella tenía 13 años y él 32.
En la denuncia, dada a conocer por ese medio, se detalla que Alvarado habría abusado sexualmente de la niña, en al menos 10 ocasiones, a lo largo de ese año. En ese momento, el ahora candidato presidencial era periodista y presentador de Noticias Repretel, en canal 6, y no tenía ninguna relación con la política.
Posteriormente, el 9 de marzo del 2026 se conoció la denuncia penal interpuesta por la exdiputada Marulin Azofeifa, quien relató que entre el 2018 y el 2025, sufrió, de manera frecuente y constante, tocamientos no consentidos en sus partes íntimas y contacto físico forzado.