Celebro leer noticias positivas, máxime cuando se trata de romper estereotipos, como que el cuidado es tan importante recibirlo del padre como de la madre. Me refiero a la nota de este diario titulada “Más de 1.600 papás han disfrutado de licencias para cuidar hijos muy enfermos”.
La noticia explica cómo más de 1.600 papás de menores gravemente enfermos han podido acogerse a la licencia para cuidar a sus hijos.
La información, sin embargo, podría estar replicando, sin quererlo, el estereotipo de que solo los papás son trabajadores asalariados, o bien dar una interpretación restrictiva al derecho creado por la nueva legislación.
La Ley 7756 (de Fabricio Alvarado) crea un derecho muy amplio, al incluir a personas asalariadas, hombres o mujeres, progenitores, tutores, curadores, o el familiar más cercano, pues se otorga en función del interés del menor. Por cierto, está científicamente demostrado que un niño se recupera más rápido acompañado por sus personas queridas.
Como lección legislativa, se trata de una reforma de tan solo tres artículos que amplía la Ley 7756 de 1998, que brinda beneficios para los responsables de pacientes en fase terminal y amplía su protección a los menores de edad gravemente enfermos. Esto demuestra que no se necesitan complejas leyes para hacer grandes transformaciones.
Con esta norma, los progenitores no están a merced de la voluntad de los empleadores, en si quieren o no darles un permiso, ni la carga económica caerá sobre los patronos, pues la licencia es cubierta con fondos de Fodesaf.
¿Y cómo se obtiene este beneficio? El médico tratante debe extender un dictamen que indique que se trata de una enfermedad grave; luego, la persona asalariada debe presentar una solicitud por escrito ante la dirección del centro médico al cual está adscrito el menor, y deberá pasar por la revisión de la comisión evaluadora de incapacidades.
La ley tiene vacíos, como qué pasa con los trabajadores independientes, si cubre solo a uno de los progenitores siendo ambos asalariados o qué pasa si la enfermedad se prolonga por más del máximo de seis meses. Independientemente de las dudas señaladas, celebro esta nueva legislación como un gran avance humanitario y como símbolo de la sociedad solidaria que está en nuestro ADN.
La autora es politóloga.