En otro artículo en este mismo medio (20/3/2023), señalé que la evidencia empírica muestra una relación positiva entre las inversiones en innovación (especialmente en investigación y desarrollo o I+D), crecimiento de la productividad y crecimiento económico. Además, indiqué que dicha evidencia señala una clara relación de causalidad, que va de la innovación a una mayor productividad y crecimiento, y no al revés.
Debido a lo anterior, se sabe que las tasas de retorno social de la inversión en I+D son particularmente altas en la mayoría de los países. Así, en los desarrollados, estas tasas llegan incluso a valores del 40 % o más, muy por encima de la tasa de retorno social sobre la inversión en capital físico.
En los países en vías de desarrollo, alcanzan valores superiores al 50 % cuando se toma en cuenta que invierten en I+D para fomentar también capacidades de absorción de conocimientos que les permiten adaptar e imitar tecnologías existentes en la frontera tecnológica.
En un estudio que realicé para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace un par de años, estimé la tasa de retorno social de la I+D para nuestro país en un 34 %, lo cual contrasta con el 6 % en la inversión de capital físico.
Lo anterior significa que el retorno de una inversión en I+D en Costa Rica es casi seis veces mayor que el de la inversión en capital físico. No obstante, sorprende que la inversión realizada en I+D sea inferior al 0,4 % del PIB. En otras palabras, invertimos un 0,32 % del PIB en I+D (2021), cuando lo óptimo es mayor del 2 % del PIB.
Fallas de mercado
Entonces, ¿por qué Costa Rica y, en particular, el sector privado no invierte lo suficiente en I+D? La respuesta es que existen fallas de mercado y carencia de políticas apropiadas.
Se habla de fallas de mercado cuando el libre juego de la oferta y la demanda no permite, como en el caso de la inversión en I+D, alcanzar un nivel socialmente óptimo. Ante lo cual es necesaria la intervención del Estado, pero no cualquier intervención.
Veamos. En relación con las actividades de innovación tecnológica, y en particular cuando se trata de I+D, la literatura reconoce la existencia de diversas fallas de mercado, las cuales es posible agrupar en cuatro categorías, dependiendo del problema que se trate, a saber:
1. Insuficiente apropiabilidad de los beneficios (la innovación es altamente intensiva en recursos humanos calificados, que en países como Costa Rica la rotación es mucha y cuando lo hacen difunden el conocimiento generado por el innovador a sus rivales).
2. Asimetrías de información (normalmente el innovador tiene mejor información sobre el potencial de una idea que el financista externo, esto hace que el financiamiento externo para la innovación sea complejo y se exijan garantías difíciles de conseguir por la naturaleza intangible de las actividades que se llevan a cabo para innovar).
3. Incertidumbre (por tratarse de actividades por definición novedosas, es difícil atribuirles una probabilidad de éxito y, en consecuencia, muchas buenas ideas no se lleven al mercado por la aversión al riesgo de innovadores e inversores).
4. Problemas de coordinación y costos de transacción (innovar es mucho más que tener una idea, también requiere autorizaciones, ensayos, certificaciones, capacitación, etc., insumos que son provistos por actores diferentes al innovador).
Para corregir o atenuar el problema de subinversión en actividades de innovación, producto de la insuficiente apropiabilidad de los beneficios, los países utilizan diversos instrumentos de política, como, por ejemplo, subsidios a la I+D, incentivos fiscales a la I+D e inclusive la provisión directa de conocimiento (a través de centros o institutos públicos de I+D).
Además, en el caso de la asimetría de información se utilizan sistemas de garantías, líneas de préstamos de fondeo compartido entre bancos y agencias públicas de fomento y el establecimiento de agencias especializadas en el monitoreo y evaluación de ideas de innovación o segmentos del mercado financiero especializados en este tipo de proyectos, tales como los fondos de capital de riesgo.
Con respecto al rango de incertidumbre se establecieron tasas de subsidio mayores para proyectos de investigación básica y el uso del poder de compra del Gobierno (compras públicas innovadoras); en el caso de problemas de coordinación y costos de transacción, los Gobiernos han intentado corregir los problemas relacionados con la baja provisión de bienes públicos y la lenta difusión de nuevas tecnologías mediante el establecimiento de sistemas de extensión tecnológica, tales como el Manufacturing Extension Partnership (MEP) de Estados Unidos o el Industrial Research Assistance Program (IRAP) de Canadá.
Institucionalidad requerida
En los países desarrollados, cuentan con la institucionalidad necesaria para diseñar y ejecutar políticas y programas que ataquen las fallas de mercado antes señaladas y, así, promover nuevos emprendimientos, empresas innovadoras y empresas con potencial de crecimiento.
Entre esta institucionalidad sobresalen organizaciones públicas como Sitra, en Finlandia; SBIR, en EE. UU.; Kotec, en Corea; BPI, en Francia; CDTI, en España; y la IIA, en Israel.
En América Latina, de esta labor se encargan BNDES y Finep en Brasil; Nafin, en México; Bancoldex, en Colombia; Corfo, en Chile; y Cofide, en Perú.
Todas estas organizaciones son instituciones autónomas especializadas, menos restringidas por los ciclos políticos y con mayor flexibilidad para responder a las necesidades del sector privado. Dan “señales” a la banca comercial sobre los proyectos prometedores (una vez apoyados y desarrollados), haciéndolos luego sujetos al crédito tradicional, así como al apalancamiento de recursos privados (v. g. capitales de riesgo).
En Costa Rica, contamos con la posibilidad de progresar en este campo, si aunamos esfuerzos y ponemos al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) a diseñar, coordinar, monitorear y evaluar políticas públicas como las expuestas anteriormente.
Disponemos, también, del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), cuya ley le otorga los elementos necesarios para que lo convirtamos en el SitraI, el CDTI, el Finep o la Corfo de nuestro país, en particular, por medio del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade).
El SBD debe cumplir 10 mandatos específicos, 5 de los cuales están alineados con crédito para la productividad, innovación, desarrollo productivo de regiones, emprendimiento y encadenamientos. Por otra parte, tenemos a la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación para que ejecute muchas de las políticas sugeridas, coordinando su financiamiento con el SBD.
El que avancemos en promover la innovación e incrementar así la productividad y la tasa de crecimiento económico depende de nosotros o, mejor dicho, de la voluntad política de los gobernantes que elegimos.
Como me comentó un buen amigo el otro día, cuando uno ve lo que hicieron otros países de similar tamaño, que comenzaron a invertir en actividades de innovación en peores condiciones de partida que las de Costa Rica, uno se da cuenta de que no nos desarrollamos porque no lo deseamos de verdad.
El autor es presidente de la Academia de Centroamérica.
