La creación de empleo sigue siendo uno de los principales retos de la economía, la tasa de desempleo es del 9,6 %, es decir, 225.000 personas sin trabajo.
Es preocupante, más aún si tomamos en cuenta que la tasa de subempleo (personas que trabajan menos de la jornada ordinaria) es del 6,3 %. Además, cuatro de cada diez trabajadores se desempeñan en actividades informales (un 39,1 %).
Como si no fuera suficiente, los mercados laborales están siendo afectados por la transformación industrial impulsada por una mayor adopción de la tecnología, la transición verde y la reestructuración de las cadenas de valor, todo lo cual se agrava por las desafiantes condiciones macroeconómicas y geopolíticas.
Deberíamos definir una estrategia de empleo que complemente el programa de capacitación lanzado por el gobierno (Brete) con dos enfoques, uno a corto plazo y otro a largo plazo.
En el primero, deberíamos ejecutar políticas macroeconómicas y de desarrollo productivo que promuevan el crecimiento de las actividades más generadoras de fuentes de trabajo (por ejemplo, agricultura, construcción, turismo y servicios).
Es imposible impulsar tales actividades si la estabilidad macroeconómica a toda costa (reducir el déficit fiscal) pareciera ser la única prioridad. La política cambiaria (apreciación del colón), para citar un caso, favorece las finanzas públicas (cada vez deben pagar menos colones por la deuda) y a los importadores, pero penaliza el esfuerzo exportador (principal motor de la economía costarricense).
La apreciación del colón se constituye en un impuesto, pues cada día se reciben menos colones por dólar exportado. Además, la apreciación del colón es un subsidio a las importaciones, el cual reduce la competitividad de los productores que compiten con los foráneos.
Sería bueno tener un modelo que calcule cuál es el efecto neto de las políticas monetaria y cambiarias en la economía real, ya que, si bien suena positivo que el gobierno anuncie que la situación fiscal está mejor que antes, el costo de oportunidad de alcanzar dicho objetivo a ultranza no lo estamos contemplando en toda su debida dimensión.
Inclusive, no se está tomando en cuenta cuánto deja de percibir el mismo gobierno en impuestos, debido a la falta de crecimiento de la actividad productiva del régimen definitivo (un 85 % de la producción nacional), sin considerar, asimismo, la postergación de la reasignación de los recursos (mejora en la eficiencia) y financiamiento en sectores claves para crecer tanto hoy como a largo plazo: educación, salud, infraestructura e innovación.
No estoy en contra de una mayor estabilidad macroeconómica, pero sí de este objetivo como el único que pareciera importar. El costo social (desempleo y pobreza) es muy alto, y podríamos lamentarnos en el futuro de lo que estamos haciendo y de lo que estamos dejando de hacer.
Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestran la significación del financiamiento de la innovación, diferente del crédito convencional (fondos no reembolsables, incentivos fiscales, garantías para I+D, etc.) y el acompañamiento de actividades productivas en este campo.
En una evaluación de impacto del programa Propyme, que maneja el Micitt, hace unos años el BID documentó que, entre el 2000 y el 2008, Propyme apoyó actividades de innovación realizadas por 115 pymes, y uno de los principales beneficios fue la mejora en la productividad de las empresas, especialmente con capacitación y el aumento de las ventas de sus productos. Además, la mayoría de las empresas que obtuvieron apoyo continuaron invirtiendo en tecnologías.
Según un estudio reciente del BID, las actividades innovadoras (nuevos productos o procesos) están relacionadas con el crecimiento del empleo, en todo tamaño de empresa.
Complementariamente, las empresas innovadoras en productos demandan más mano de obra calificada, mientras las empresas innovadoras en procesos requieren tanto mano de obra calificada como no calificada.
Un resultado clave es que la estrategia de innovación de “hacer innovaciones desarrolladas internamente en la empresa” origina nuevas fuentes de empleo, mientras “adquirir innovaciones externamente” no. Así, el desarrollo de capacidades domésticas de innovación es esencial si queremos otras fuentes de empleo en un mundo cada vez más competitivo.
El segundo componente de la estrategia de empleo debe incluir políticas de desarrollo productivo que incentiven el crecimiento de las actividades (cuyos resultados se ven más a mediano y largo plazo), en especial aquellas con mayor potencial de dar directa e indirectamente trabajo por medio del desarrollo de capacidades de innovación.
Mediante estas políticas, se deben atacar los fracasos de mercado que impiden que las actividades productivas inviertan lo que la sociedad realmente necesita que hagan en materia de innovación.
Entre estos fracasos de mercado están insuficiente apropiabilidad de los beneficios de la innovación, asimetrías de información, elevada incertidumbre y problemas de coordinación.
Para remediar estos problemas, países más avanzados crearon programas que apoyan el surgimiento de emprendimientos innovadores (start-ups y spin-offs) y el desarrollo de pymes innovadoras y pymes con potencial de crecimiento.
Ejemplos en este campo son Sitra, en Finlandia; SBIR, en EE. UU.; Kotec, en Corea; BPI, en Francia; CDTI, en España; IIA, en Israel; BNDES y Finep, en Brasil; Nafin, en México; Bancoldex, en Colombia; Corfo, en Chile; y Cofide, en Perú.
Bien haríamos en estudiar estas experiencias y aprender de ellas, desarrollando nuestros propios programas con ayuda de organismos internacionales.
La ley otorga al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) los elementos necesarios, en particular, el Fondo Nacional para el Desarrollo. El SBD puede ser un valioso instrumento para comenzar actividades sin las restricciones que impone un ministerio o un banco público.
Cuenta con un consejo rector, una secretaría técnica y está integrado por los bancos públicos, seis privados y el INA, entre otras organizaciones (en total, 46 operadores financieros).
El SBD debe cumplir 10 mandatos específicos, de los cuales 5 están acordes con esta propuesta (crédito para la productividad, innovación, desarrollo productivo de regiones, emprendimientos y encadenamientos).
Además, como su nombre lo indica, es un sistema, no una institución, donde se podrían coordinar acciones con otros entes del ecosistema innovador, como la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, las universidades, las cámaras empresariales, los ministerios de fomento de la producción y el INA.
Como dijo en su columna Jorge Vargas Cullell, debemos dejar la pereza mental y apoyar de manera decidida la producción nacional.
El autor es economista, presidente de la Academia de Centroamérica.
