La salida de Irene Campos del Ministerio de Vivienda culmina un periodo convulso para el sector: en menos de tres meses, tres entidades públicas vinculadas al tema quedaron acéfalas.
La primera baja ocurrió el 19 de julio, cuando renunció la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda Urbanismo (INVU), Eugenia Vargas.
Ella alegó que el motivo de su salida fue la “ingobernabilidad” y el “entorno tan difícil que impera” en la institución.
También reclamó el silencio de la Presidencia ante una carta que envió, para solicitar el nombramiento de un nuevo integrante de la Junta Directiva del INVU.
Durante la gestión de Vargas, la Fiscalía allanó la institución e investigó a funcionarios por supuestos actos ilícitos en la adquisición de terrenos en el cantón de Alajuelita, San José.
Ese puesto lo asumió el exdiputado y exministro de Trabajo, Álvaro González, el 31 de julio.
A la renuncia de Vargas, le siguió la dimisión del gerente general de Banco Hipotecario para la Vivienda (Banhvi), Manuel Párraga, el 3 de setiembre. Según dijo, se iba por una oferta laboral en el sector privado.
Párraga negó que su decisión estuviera vinculada a la filtración de un correo privado que le envió en mayo a la ministra de Vivienda, en el cual le señaló su preocupación por el riesgo de corrupción en el manejo de recursos para bonos.
Ese puesto lo asumió de manera interina Juan de Dios Rojas.
Además, múltiples estudios e informes de la Contraloría General de la República han advertido sobre problemas de calidad en los proyectos de vivienda del Banhvi.