Si los usuarios terminan por retirar la totalidad de lo que cotizaron para una pensión complementaria, ese ahorro dejaría de ser una pensión.
Esa es la apreciación de Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones, sobre el proyecto de Ley para resguardar el derecho del trabajador a retirar los recursos de la pensión complementaria, presentado este miércoles por 23 diputados.
La iniciativa la respaldaron legisladores de los partidos Restauración Nacional (PRN), Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Republicano Socialcristiano (PRSC) e independientes.
“El retiro total atenta contra el concepto de pensión complementaria”, manifestó el superintendente, quien señaló que en países donde se ha implementado esta medida, que puede resultar muy popular, el 70% de los pensionados se agotan todo ese dinero al término de los 10 años.
“El verdadero daño se lo hacen al pensionado que quedaría solo con el IVM”, dijo el jerarca.
Los legisladores pretenden que los pensionados puedan retirar sin trabas lo que han cotizado para su pensión complementaria obligatoria, la cual fue creada para aumentar los ingresos de las personas cuando se jubilen.
La idea es complementar la pensión principal que obtenga el jubilado, por ejemplo la del IVM, a fin de cubrir todos los gastos.
Actualmente, el sistema permite al trabajador retirar la totalidad del dinero solo si la jubilación complementaria no supera el 10% de la pensión básica.
De no ser así, el dinero se le entrega en tractos mensuales como un ingreso adicional durante su retiro.
Así lo ordena una disposición del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) porque el mecanismo de retiro total no está contemplado expresamente en la ley, dijo Ramos.
Sin embargo, los diputados tachan de injusticia la imposibilidad de retirar ese dinero de inmediato, si el pensionado así lo desea.
“Es inaceptable este nivel de injusticia a los trabajadores, quienes con gran sacrificio se proyectan a complementar su pensión básica y, al momento de finalizar su etapa laboral, no puedan disponer de estos fondos, y deban recibirlos a cuenta gotas, sin disfrutarlos, como se debe, violentando el derecho a la propiedad privada y al principio de proporcionalidad”, sostuvo el jefe de Restauración Nacional, Carlos Avendaño.
Otros diputados llamaron a estos tractos “abonos de polaco”.
“No se vale que cientos de miles de costarricenses, quienes durante los últimos años han estado ahorrando para retirarse con una pensión decente, al final les estén devolviendo su ROP en tractos de abonos de polaco", dijo Luis Fernando Chacón, de Liberación Nacional.
Uno de los proponentes, Pedro Muñoz, de la Unidad, afirma que esta concesión descapitalizaría a los operadores de pensiones, pero que más adelante se buscará un balance porque tampoco es posible que todos retiren el 100% de sus ahorros en un solo tracto.
Sin embargo, defendió que las personas puedan retirar ese dinero, sobre todo si tienen un endeudamiento alto y podrían utilizar ese dinero para pagar sus deudas, por las que pagan más intereses que los rendimientos que le da ese ahorro.
En la práctica, el pago en tractos es algo nuevo, según Ramos, quien aseguró que hasta hace dos años las pensiones complementarias no alcanzaban el 10% de la básica.
Sin embargo, la proyección es que, en 20 años, este complemento represente el 30% de la pensión del IVM, por lo que tendrá un mayor impacto en los ingresos de las personas.
La propuesta de ley 21.309 es una modificación a los artículos 20 y 22 de la Ley de Protección al Trabajador.
“Los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias definirán si retiran la totalidad de sus recursos en un solo acto, en tractos o si los utilizarán para comprar una renta vitalicia o acogerse a una renta permanente. De igual forma, podrán elegir una u otra vía y modificar su elección solo para trasladarse de una renta permanente a una renta vitalicia”, señala el artículo 22 sobre las prestaciones.
En el caso del artículo 20, lo que pretenden los diputados es que el pensionado pueda designar un beneficiario de ese dinero porque actualmente se usan los que estén establecidos en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte o el sustituto.
Otro proponente, el diputado oficialista Welmer Ramos, reconoció que durante el análisis se evidenció que la medida podía poner presión a las carteras de los operadores, pero que para ello se estableció un transitorio de vigencia de un año a partir de la publicación de la Ley.
“Deberíamos debatir sobre la conveniencia o no de eso, un proyecto es para debatirlo para entrar a hacer consultas a los diferentes entes sobre este tema y establecer si tiene mérito o si no tiene”, dijo.