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La Sala Constitucional anunció ayer que tiene un mes de plazo para resolver el futuro de los bonos de cesión de la deuda política, tras recibir en audiencia a las partes interesadas en la acción de inconstitucionalidad presentada contra ese sistema de financiamiento electoral.
El recurso presentado en enero impide que los partidos políticos puedan emitir esos certificados en favor de proveedores de servicios como transportes, publicidad y signos externos, entre otros.
Así, tras nueve meses de incertidumbre sobre el futuro de esta herramienta de financiamiento, el presidente de la Sala IV, Gilbert Armijo, anunció que a mediados de noviembre quedará claro si habrá bonos en la campaña política o no.
La vista se celebró ayer por la mañana. Los exdiputados Federico Malavassi y Rodrigo Alberto Carazo, quienes impulsaron la acción junto al abogado Gabriel Bonilla, argumentaron que el Código Electoral vigente desde setiembre de 2009 no fue consultado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y que este órgano está en contra del sistema de financiamiento por bonos de cesión de la deuda política.
Perversos. Malavassi aseguró que los diputados incumplieron la consulta del Código Electoral que rige desde hace cuatro años, según lo establece la Constitución Política. Bonilla añadió que el TSE también se opone, como ellos, al financiamiento de la campaña a través de los bonos. El presidente de ese tribunal, Luis Antonio Sobrado, ha dicho en varias ocasiones que es un “mecanismo perverso”.
Héctor Fernández, director del Registro Electoral del TSE, matizó que lo perverso de los bonos está en sus efectos, mas no en la figura.
“Los bonos traen opacidad a un tema fundamental, la transparencia en las finanzas de los partidos, porque no se sabe quién compra los bonos”, explicó Fernández.
Añadió que la legislación electoral prohíbe que personas jurídicas y extranjeros contribuyan con las campañas de las agrupaciones pero no impide que compren bonos.
Ahí surge, según el TSE, una forma de financiamiento encubierta. Además, el Tribunal considera que los bonos producen inequidad en el acceso al dinero electoral, pues los partidos con buena perspectiva de votación en las encuestas tienen más opciones de colocar esos certificados entre sus proveedores.
La procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, contradijo el criterio del TSE. Afirmó que el mecanismo de los bonos no es perverso en sí mismo y dijo que el Código Electoral establece sanciones para quienes violen las reglas de financiamiento electoral.
“Ese es un mecanismo necesario para el fortalecimiento del sistema democrático. El TSE debe velar por que ese financiamiento velado de sociedades anónimas y personas extranjeras no sé dé”, dijo la procuradora general.
El freno al mecanismo para conseguir recursos a través de los bonos obligó a los partidos a buscar nuevas maneras de financiar sus intenciones electorales, como el fideicomiso con bancos nacionales.
En las elecciones de 2010, los partidos colocaron ¢21.000 millones en bonos, pero solo cobraron ¢14.000 millones de la contribución estatal. Además, recibieron ¢2.500 millones en contribuciones privadas a sus campañas.
