Gerardo Ruiz R.. 28 mayo
En setiembre del año pasado el entonces presidente Luis Guillermo Solís compareció ante los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios. Ese panel pidió a la PEP determinar si Solís violó el deber de probidad en la función pública para favorecer al importador de cemento Juan Carlos Bolaños, lo que la Procuraduría desestimó el 26 de abril. Foto: Melissa Fernández
En setiembre del año pasado el entonces presidente Luis Guillermo Solís compareció ante los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios. Ese panel pidió a la PEP determinar si Solís violó el deber de probidad en la función pública para favorecer al importador de cemento Juan Carlos Bolaños, lo que la Procuraduría desestimó el 26 de abril. Foto: Melissa Fernández

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) desestimó una denuncia de la comisión legislativa que investigó el cemento chino según la cual el expresidente Luis Guillermo Solís violó el deber de probidad en la función pública.

El 26 de abril, la Procuraduría comunicó al Directorio legislativo que no existen suficientes elementos de prueba para determinar que Solís presionó para que se desalmacenara rápido un cargamento de 22.000 toneladas de cemento que importó la empresa Sinocem, de Juan Carlos Bolaños.

El órgano no dio por probado que Solís presionara a través del ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, o del entonces diputado Víctor Morales Zapata, para que el exdirector de Aduanas, Benito Coghi, agilizara el desalmacenaje.

Tampoco halló pruebas para sustentar que el expresidente presionó para que el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) publicara una reforma al reglamento de importación de cemento hidráulico, la cual permitió a Sinocem importar esa materia prima desde China, al flexibilizarse el plazo de caducidad del producto más allá de 45 días.

Además de llamar a declarar a los exfuncionarios de Hacienda, la Procuraduría revisó el intercambio de mensajes digitales entre Fernando Rodríguez y Benito Coghi, en los que el primero le afirmaba al exdirector de Aduanas que se había anotado un punto con "Zapote", en referencia a Casa Presidencial, al lograr el desalmacenaje de la mercadería que estaba en la aduana de Caldera.

Según la PEP, los mensajes y correos que se intercambiaron Rodríguez, Morales y Coghi "llevan a la PEP a sostener que son elementos pertinentes para demostrar que los señores Morales Zapata y Rodríguez Garro involucran al Presidente de la República en sus comunicaciones y le atribuyen un presunto interés en la resolución del trámite aduanero del señor Juan Carlos Bolaños".

Empero, más adelante, la Procuraduría indica que esos criterios de valoración de prueba "impiden que pueda concluirse que las referencias al primer mandatario, contenidas en los mensajes digitales transcritos, son suficientes para demostrar que, en efecto, el señor Luis Guillermo Solís Rivera tenía el interés que se expresa y acreditar que ejerció presión para que se facilitara el desalmacenaje y nacionalización del cemento importado por Juan Carlos Bolaños, tal y como lo denuncia el informe de la Comisión Investigadora".

Según la Procuraduría, el peso probatorio de esos elementos que analizó "es muy débil" como para imputar a Solís.

A una conclusión similar llegaron los procuradores sobre la conclusión de los diputados de que la Presidencia de la República presuntamente presionó al Órgano de Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) para acelerar la consulta pública de la reforma al Reglamento de Cemento.

Sin embargo, la PEP sí concluyó que la aceleración del proceso de consulta de la reforma, que permitió traer cemento desde China, sí se trató de "una acción que busca apurar" la obtención del criterio técnico del Órgano de Reglamentación Técnica, con el propósito de continuar con la etapa siguiente de consulta pública del proyecto de modificación que derivó en la emisión del Decreto Ejecutivo 38907-MEIC.

"(...) No se logra identificar información que permita vincular al señor Luis Guillermo Solís con la intervención sugerida de la Presidencia de la República (...). No se cuenta con información que pruebe una participación del señor Presidente de la República (en relación a Solís) en los hechos, y mucho menos que lo involucre en una actuación contraria al deber de probidad", se lee en el informe enviado al Directorio Legislativo a finales de abril pasado.

Pese a la desestimación del caso, la PEP advirtió de que esa decisión se enmarca dentro de sus competencias en materia de responsabilidad administrativa y penal, pero que no tiene competencia para establecer la presunta responsabilidad de carácter político ni de otro orden.