EscucharPese a que en las elecciones pasadas no ganó derecho a cobrar deuda política, el Partido Acción Ciudadana cobró al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una liquidación de ¢200 millones por gastos hechos durante el periodo electoral, de octubre del 2022 a marzo del 2023, bajo el argumento de que se trata de rubros de organización y capacitación permanente.
De aprobarse esos gastos incurridos durante la pasada campaña presidencial, la agrupación tendría un respiro en sus finanzas y flujo de caja. Ocurriría en momentos en que el PAC no pudo obtener más contribución estatal por no alcanzar el umbral mínimo en esa elección, en la que apenas obtuvo el 0,6% de los votos.
El PAC se acoge a un criterio emitido en noviembre del 2022, en el que los magistrados del TSE resolvieron que las agrupaciones que participen en las elecciones, pero que no obtengan los votos mínimos, pueden hacer uso de sus reservas para organización y capacitación, si las tienen, para suplir gastos permanentes durante los seis meses de campaña.
Como el PAC sí tenía reservas por alrededor de ¢700 millones que obtuvo en procesos electorales anteriores, presentó ante el TSE los gastos de planilla o servicios que se consideran permanentes, dejando de lado los gastos de la campaña presidencial.
El presidente de la agrupación, Fabián Solano, reconoció que, si el TSE les reconoce este monto, les favorecerá porque les permite tener flujo de caja en momentos de estrechez con una deuda con el Estado encima. Sin embargo, también teme que, al aprobarse estos gastos, su reserva para gastos permanentes se reduzca considerablemente.
De acuerdo con Solano, el PAC requiere de esta reserva porque, sumado a las contribuciones de militantes, de ese dinero depende la actividad partidaria por los próximos tres años, al menos hasta las próximas elecciones, cuando la agrupación apostará nuevamente en lo electoral.
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¿En qué gastó?
Para la liquidación de estos gastos, el PAC debió separar minuciosamente los gastos que se pueden cobrar como gastos de organización y los gastos de campaña que no son reconocidos por el TSE por el criterio de umbral de votos.
Esta liquidación contempla una planilla por ¢60 millones durante los seis meses, sin contemplar las contribuciones sociales, más ¢12 millones en aguinaldos y otros ¢4 millones en horas extra.
Un arreglo de pago con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) elevó las contribuciones con esta entidad a ¢55 millones, durante este periodo.
Por honorarios profesionales, presentaron gastos por ¢17 millones que, entre otros, contempla el servicio contable y asesoría jurídica para el Comité Ejecutivo.
Entre los rubros importantes está el pago de intereses de préstamos anteriores, que son reconocidos por el TSE, aunque los créditos puedan provenir de campañas electorales anteriores.
De acuerdo con Solano, el PAC presentó una liquidación ajustada a los gastos ordinarios, como se refleja en el ajuste que se hizo para el reconocimiento de los servicios públicos.
Al amparo del criterio reciente del TSE, el Partido Restauración Nacional, que tampoco obtuvo más contribución estatal, también se acogió a esa resolución para presentar gastos de organización y capacitación por ¢720 millones, sin que haya separado en esa liquidación los gastos de campaña que no pueden ser reconocidos.
