Josué Bravo. 21 febrero
Carlos Alvarado, presidente de la República. Foto: Julieth Méndez
Carlos Alvarado, presidente de la República. Foto: Julieth Méndez

Una nueva oficina en Casa Presidencial, dependiente del presidente Carlos Alvarado, pretende acceder a la información de “carácter confidencial” que se encuentre disponible en las instituciones públicas, en donde se administran datos sensibles de las personas.

Así consta en el decreto 41996-MP-Mideplán, publicado este 17 de febrero en La Gaceta, el cual crea la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), dado a conocer este viernes por CRHoy.

Según el documento, la UPAD será una entidad adscrita a la Presidencia de la República y servirá como “instancia asesora” del presidente de la República.

Su función será la de ejercer asesoría permanente al presidente, “fortaleciendo un enfoque de toma de decisiones de política pública fundamentadas en la evidencia que aporta el análisis de los datos”.

El documento establece que esa oficina accedería a información de la administración pública central y descentralizada, salvo aquella que sea considerada secreto de Estado.

El artículo 7 del decreto establece que las instituciones deben permitir a la UPAD el acceso a la información que esta oficina requiera en los formatos electrónicos adecuados.

Luego, en su segunda parte, ese mismo artículo dice: “En cumplimiento de los incisos e) y f) del artículo 8º de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley Nº 8968, también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera".

"Dicha información mantendrá en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD. En estos casos, la UPAD y las instituciones deberán establecer acuerdos de gobernanza para garantizar un uso responsable y coherente de los datos que beneficie a los ciudadanos y fortalezca la confianza pública”, añade.

El artículo 8 de esa ley es el que permite limitar los principios, derechos y garantías de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, cuando se persiga “la adecuada prestación de servicios públicos (inciso e)” y “la eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las autoridades oficiales (inciso f)”.

A modo general, las instituciones públicas mantienen información confidencial como números de teléfonos de las personas, direcciones, expedientes médicos, deudas o cuentas bancarias, por citar algunos ejemplos.

El decreto de la UPAD establece que “la Unidad Presidencial de Análisis de Datos será una unidad de nivel político-estratégico que asesora directamente al presidente de la República y su despacho, ejercerá una función permanente y dependerá de la Presidencia de la República",

"La Presidencia de la República velará por que la UPAD cuente con los recursos tecnológicos y humanos necesarios para su adecuado funcionamiento”, agrega.

No obstante, a la 1:12 p. m. de este viernes, el gobierno anunció la derogatoria del decreto, ante las críticas de los diputados.

Diputados exigieron derogatoria inmediata

Gustavo Viales, diputado del PLN, afirmó que "la formulación de esta unidad genera temor sobre los datos que se van a manejar y los fines con las cuales fue creada.

“Cuando más bien se requiere traer inversión, el gobierno permite secretismo de esta forma y que, obviamente, amenaza cualquier seguridad jurídica que se pueda tener”.

“La población tiene el derecho de estar asustada y yo, desde luego, me sumo a la protesta de esta decisión que no es la vía costarricense para administrar los asuntos públicos”, dijo Viales.

Su compañera Silvia Hernández, jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), exigió la derogatoria inmediata del decreto.

Pedro Muñoz, cojefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), anunció la interposición de acciones legales contra el decreto, al igual que lo anunció el jefe de fracción de Restauración Nacional (PRN), Eduardo Cruickshank

Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), afirmó: "Mantener oculto este decreto, las contrataciones para operar esta unidad, la posibilidad de hurgar información confidencial y la declaratoria de esta unidad, como de interés público, crean muchas suspicacias que deben ser aclaradas por la Presidencia de la República".

Carmen Chan, de Nueva Republica, afirmó que el gobierno “copia instrumentos de los modelos socialistas para crear una plataforma de ‘policía secreta’ que le permita controlar a los ciudadanos y perpetuarse en el poder”.