Aarón Sequeira. 13 noviembre
Según la denuncia, los cuestonamientos que ha hecho el abogado Javier Retana contra los jueces que han fallado sin lugar sus gestiones, se hicieron en papel membretado de Wálter Muñoz, diputado del PIN. Foto: Mayela López
Según la denuncia, los cuestonamientos que ha hecho el abogado Javier Retana contra los jueces que han fallado sin lugar sus gestiones, se hicieron en papel membretado de Wálter Muñoz, diputado del PIN. Foto: Mayela López

La jueza de Trabajo, Susana Porras Cascante, denunció formalmente al diputado Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), por supuestamente ejercer amenazas y presiones indebidas sobre jueces laborales de todo el país.

La jurista presentó el caso ante el Consejo Superior de Poder Judicial a principios de octubre y este se lo trasladó a la Fiscalía General de la República, la cual ya abrió una investigación.

En su denuncia, Porras relató una serie de acciones que, presuntamente, el diputado Muñoz y el abogado Javier Retana Fallas han desplegado en contra de jueces que resuelven reclamos laborales de policías por sus jornadas laborales.

Según su versión, el abogado Retana Fallas habría cuestionado a jueces laborales de todo el país, pero en particular a los del Primer Circuito Judicial.

“Ha cuestionado nuestro trabajo, amenazando a jueces laborales del país, bajo apercibimiento de llevar nuestros nombres al Ministerio Público si no le brindamos información”, relató la funcionaria.

Añadió que el diputado y el abogado envían escritos “exigiendo y amedrentando a los jueces laborales”.

“Indican que, antes de presentar denuncia al Ministerio de Trabajo, deben obligatoriamente darle la información de por qué resolvemos estos expedientes de la forma que los resolvemos, por cuanto no se le dictan las sentencias bajo los criterios de ellos”, dice el acta del Consejo Superior.

La información que supuestamente exigen el diputado y el abogado tiene que ver con las sentencias que emiten los jueces. Habrían preguntado por qué declaran sin lugar una serie de expedientes de policías que ha presentado Javier Retana Fallas.

“Amenazan con acusarnos ante el Ministerio Público por cuanto no les estamos dictando las sentencias de policías a su favor, para no perder sus honorarios de abogado”, relató Porras ante el Consejo Superior.

Dentro de la denuncia, la jueza laboral calificó las acciones de Muñoz como violación a su independencia.

Básicamente, la amenaza es que, si no entregan la explicaciónes de por qué votan de forma contraria a los intereses de ellos y sus representados, llevarán a los jueces al Ministerio Público.

La jueza añadió que las presiones constituyen una intromisión entre los poderes y presume que podría haberse dado tráfico de influencias.

Al parecer, todos los reclamos presentados, por vía escrita, han llegado en papeles membretados del despacho legislativo de Wálter Muñoz.

La Nación conversó vía telefónica con Porras, quien prefirió no ahondar en su denuncia, pues alegó que ya tiene prevista una audiencia ante la Fiscalía General de la República, para el 22 de noviembre.

Por su parte, el abogado Retana declaró que prefería no hablar para este artículo, sino posteriormente.

La oficina de prensa de la Fiscalía General informó de que ya abrió el expediente 19-000060-0033-PE en contra del diputado Muñoz, por el presunto delito de tráfico de influencias.

La denuncia ingresó al despacho de la fiscala general, Emilia Navas, el 28 de octubre y se encuentra en la fase inicial de la investigación.

La denuncia de la jueza consta en el acta 88-19 del Consejo Superior del Poder Judicial, donde se describe la sesión de ese órgano que se realizó el 10 de octubre pasado.

Ella enfatizó que las peticiones, exigencias y solicitudes que hacen no dependen de los juzgados del país, sino que deben ser gestionados ante la Secretaría General de la Corte Suprema o en el Departamento de Planificación.

Muñoz: ‘No fue en favor de ningún abogado’

Consultado respecto a la denuncia que elevó la jueza laboral, el diputado del PIN primero dijo que desconocía al abogado mencionado y también desconocía el reclamo, incluso dijo que no entendía de qué se trataba el asunto.

Minutos después, apuntó que él había hecho, a través de una organización externa que lo asesora, varias consultas ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial, pero negó que se tratar de gestiones a favor de ningún abogado.

A Retana Fallas alegó no conocerlo del todo. “Lo que nosotros hicimos fue una consulta sobre la Ley Procesal Laboral, pero no en favor de ningún abogado. Pedimos explicaciones de una serie de detalles, dudas que tenemos sobre algunas sentencias”, añadió.

Añadió que habría que ver si la jueza se molestó por esa consulta. “Entonces, diay, veremos a ver qué fue lo que planteó”, indicó Muñoz.

El legislador aseguró que la gestión de consulta la llevó a cabo el asesor en temas legales Massimo Esquivel. Por vía telefónica, Esquivel detalló que la gestión ya se había hecho a inicios del 2019, a través de la Asociación de Profesionales en Derecho Laboral (Aprodel) que él preside.

En ese momento, las preguntas se realizaron a través de un oficio enviado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) que lidera Albino Vargas. Sin embargo, luego de no tener ninguna respuesta, recurrieron a Wálter Muñoz.

De acuerdo con Esquivel, ambas gestiones son idénticas y se enfocaban en “pedir estadísticas” generales sobre cómo se han venido resolviendo los procesos laborales a partir de la vigencia de la Reforma Procesal Laboral.

“No es sobre casos concretos, queríamos hacer un comparativo de cómo la reforma laboral ha afectado positiva o negativamente la tramitación de procesos laborales, funtamentalmente en cuanto a los reclamos por horas extra presentados por funcionarios públicos”, comentó Esquivel.

Además, el abogado explicó que, de los más de 30 jueces laborales del Primer Circuito, ellos solicitaron una muestra aleatoria de cinco jueces y la forma en que han estado resolviendo los casos.

“Yo desconozco a qué denuncia se refiere la jueza. Esto es un asunto que atañe a miles de funcionarios públicos y no tiene relación con un caso específico”, insistió Esquivel, quien apuntó que su colaboración con el legislador es ad honórem.

‘Violan la independencia judicial’

Tal como narró Susana Porras al Consejo Superior, hay casi mil expedientes de Retana en tribunales de Trabajo, lo cual también abarrota la cantidad de asuntos por resolver.

Por otra parte, enfatizó que las sentencias de los jueces cuestionadas se ajustan a la normativa vigente, específicamente al artículo 70 de la Ley General de Policías, donde se establece que los horarios se establecen por reglamento, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la disponibilidad para el servicio y la movilización.

También, indicó que sus decisiones se ajustan al artículo 27 del Reglamento General de la Policía Penitenciaria, el cual regula las jornadas de los policías penitenciarios y los excluye de las jornadas ordinarias, por el tipo de labores que desempeñan.

“El tipo de funciones de las fuerzas públicas no enmarcan dentro del artículo 136 del Código de Trabajo (numeral donde se establece la jornada de 8 horas, 48 máximo por semana)”, enfatizó la jueza laboral.

Porras enfatizó que tanto Muñoz como Retana violan la independencia judicial, al pretender que los jueces fallen según sus criterios. “Muñoz aprovecha su rango de diputado, realizando en todos los juzgados laborales del país intromisión de poderes y tráfico de influencias”, dijo la jueza.

La funcionaria judicial manifestó que sentencias en beneficio de los representados por Retana perjudican “al Estado y a todos los ciudadanos” por el dinero que exigirían pagarles a los policías y porque pretenden un pago “a todas luces improcedente y fuera de la normativa”.

Incluso, la jueza consideró que tanto Muñoz como el abogado pretenden coaccionar a los jueces para que fallen de forma diferente y, además, beneficiar los honorarios que, como abogado, recibiría Retana por todos los casos que lleva.

Aparte de la gestión en la Fiscalía General, Susana Porras solicitó al Consejo Superior que se comunique su denuncia al Colegio de Abogados, a la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), la Comisión de Relaciones Laborales del Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética Pública y la Procuraduría General de la República.