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La Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José solicitó la apertura de juicio contra el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, por el presunto delito de instigación pública.
El 20 de setiembre de 2019, la oficina de prensa de la Fiscalía confirmó el inicio de una investigación contra Vargas motivada por una denuncia presentada por los abogados Gloria Navas y Rubén Hernández Valle.
Navas confirmó a La Nación que fue notificada por la Fiscalía este jueves, pero que aún no le han enviado la acusación formal.
Según el texto de la denuncia, los abogados hicieron el reclamo con base en el artículo 27 de la Constitución Política, el 280 del Código Penal, así como los numerales 16, 278, 279 y 280 del Código Procesal Penal.
En el numeral 280 del Código Penal se describe, precisamente, el delito de instigación pública y la penalización que le corresponde.
“Instigación pública. Artículo 280.- Será reprimido con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca”, dice la ley.
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La denuncia se presentó porque el 9 de setiembre de 2019, Vargas llamó a bloquear fronteras y vías nacionales, durante una reunión en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica ante los miembros de la llamada Mesa Social Multisectorial.
“La tesis de paro nacional es correcta, un gran paro nacional, pero de verdad: cerrar las fronteras, cerrar la 27, cerrar la 32, cerrar Ochomogo..., hasta obligar a que se sienten en la mesa los que nos ningunean”, les dijo Vargas en ese momento.
Días antes, el 3 de setiembre, en una protesta frente a la Asamblea Legislativa, Vargas señaló a un fotógrafo de La Nación que cubría la actividad e incitó a varios huelguistas a sacarlo del lugar. El profesional resultó agredido.
El 23 de octubre de 2019, la abogada y 80 personas más también presentaron una querella contra el sindicalista por el aparente delito de instigación pública, luego de que la Fiscalía le abriera una causa.
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Aparte de Navas y Hernández Valle, la denuncia ante el Ministerio Público contó con el apoyo del grupo Movimiento Ciudadano CR.
“Es importante aclarar que nosotros no estamos en contra del movimiento sindical pero sí de los abusos de poder y el rompimiento del orden constitucional y legal cuando la población resulta afectada: no puede llegar la gente a los trabajos, servidoras domésticas, hospitales paralizados, etc. Incluso a un compañero de ustedes lo golpearon”, manifestó la abogada.
Navas indicó este jueves que tienen un plazo de entre tres y 10 días para plantear una ampliación del proceso y ofrecer más pruebas.
“Por lo general se dan algunos cambios porque la querella se presentó y la investigación hasta ahora concluyó en esa etapa”, afirmó la abogada.
Anteriormente, la demandante afirmo que Albino Vargas “incita e instiga a sus seguidores a cometer delitos que afectan seriamente la paz social” del país.
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A las 9:16 p. m. de este jueves, Vargas escribió a través de su cuenta de Twitter que el proceso en su contra es meramente “político” y tildó de “vergonzoso” el manejo judicial que realiza la Fiscalía.
“No me acusan por evasor de impuestos; ni por espionaje a mis compatriotas; ni por viajes misteriosos en helicóptero empleando fondos públicos; ni por lavado de dinero, ni por tráfico de influencias desviando trencitos. Es p/ creer en la Democracia de la Calle y la Justicia Social”, escribió.
La Nación intentó obtener una reacción del sindicalista sobre la apertura de juicio en su contra, pero se limitó a responder: “Con todo respeto: yo no le doy declaraciones a La Nación!”.
