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Los diputados aprobaron este martes, en segundo debate, un proyecto de ley que permitirá a los cuerpos de policía utilizar detectores de mentiras tanto para el reclutamiento de policías como para el control de sus funciones.
Con 32 votos a favor y 10 en contra, este plan permitiría a las autoridades del Ministerio de Seguridad someter a los oficiales al polígrafo, siempre y cuando el funcionario esté de acuerdo.
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El polígrafo es un instrumento de medición sobre respuestas fisiológicas. Documenta las variaciones de la presión arterial, el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria de una persona ante determinadas preguntas.
Los diputados aprobaron el plan pese a las dudas de la Procuraduría General de la República que, en un último criterio, determinó que la iniciativa era contraria a la dignidad humana y posiblemente inconstitucional.
“Nuestra jurisprudencia laboral, contencioso-administrativa y constitucional, nos obliga a reiterar una vez más que, más allá de su dudosa fiabilidad técnica, autorizar el uso del polígrafo o detector de mentiras en los procesos de selección de personal y en los procesos control de confianza para la permanencia en cuerpos policiales, nos genera dudas razonables de constitucionalidad, por haberse preceptuado su uso como contrario a la dignidad humana y porque podría vulnerar principios constitucionales”, señala el documento.
La diputada Zoila Volio defendió que el proyecto fue consensuado con el ministro de Seguridad, Michael Soto. “No es para ver la intimidad, no es para ver sus inclinaciones sexuales, no es para ver si tiene queridas o no tiene queridas... Esta prueba no se va a usar ni para despidos ni para sanciones”, señaló.
Volio aseguró que se trata de una práctica que será voluntaria.
Pese al consenso con las autoridades de Gobierno, las diputadas oficialistas del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carolina Hidalgo y Paola Vega, se opusieron al plan, por tratarse de un “instrumento poco fiable” y porque “van en contra de todo el marco normativo costarricense”.
También, se opuso a este proyecto el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quien calificó el plan de “nefasto y desafortunado”.
