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El Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM) ordenó suspender la entrega de concesiones de explotación en ríos, minas y tajos por un período de 90 días mientras se evalúa la situación de estos permisos.
Esta orden fue publicada el 31 de julio último en el diario oficial La Gaceta. El decreto 24459-MIRENEM suspende por un período de tres meses la recepción de solicitudes para permisos y concesiones en materia de minería (que incluye tanto la metálica como la extracción de materiales en tajos o en cauces de dominio público).
El objetivo de esta resolución es reestructurar la Dirección de Geología y Minas, "reasignando funciones dentro de los departamentos de la Dirección e imponiendo nuevas reglas de juego para eliminar la "minería de papel', la actividad ilegal y los entrabamientos legales", según un comunicado del Departamento Legal de esa cartera.
"Decidimos parar un problema que venía agravándose desde hace mucho tiempo porque llegamos a la conclusión de que había causas de fondo mucho más serias que unos simples casitos", explicó el titular del MIRENEM, René Castro.
Dentro de estas causas de fondo para esta determinación aparecen como principales la sobreexplotación de los recursos naturales, los obstáculos legales interpuestos por la Sala Constitucional y la reducción de personal y presupuesto frente al aumento de solicitudes y lugares de explotación.
La decisión pretende que durante ese tiempo -90 días-, se realice una evaluación de la estructura interna de la administración, los procedimientos con los que se otorgan las concesiones y en general -según el Ministro- "lo que está operando en la realidad, no en el papel".
De acuerdo con el mismo comunicado, "la Dirección de Geología y Minas estaba acostumbrada a un sistema de otorgamiento de permisos y concesiones en materia de minería que se limitaba a la revisión de documentos, sin detenerse a considerar el impacto que cada una de esas actividades puede tener en el ambiente".
Según Castro, la entrada en vigencia de la Sala Constitucional ha provocado que se utilicen "subterfugios legales" para evitar que el Ministerio actúe inmediatamente y detenga la actividad o inicie un proceso de anulación de la concesión.
Como parte de esta reestructuración, se pretende que 30 municipalidades participen directamente en la labor de inspección y control en los lugares donde se llevan a cabo estas actividades.
