Patricia Recio. 18 mayo
La previsión del Gobierno, aún contemplando posibles reclamos, era que las obras comenzaran en los primeros meses de este año. Foto: Rafael Pacheco
La previsión del Gobierno, aún contemplando posibles reclamos, era que las obras comenzaran en los primeros meses de este año. Foto: Rafael Pacheco

Para este mes, los trabajos de ampliación en el tramo de la carretera Interamericana Norte entre Limonal de Abangares y Barranca, Puntarenas, deberían estar en ejecución.

Esos eran los planes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pero la realidad es que a la fecha ni siquiera se han podido adjudicar los contratos.

Ante ese panorama tampoco hay una estimación de cuándo podría darse la esperada orden de inicio.

El trayecto de 49 kilómetros en esa carretera se dividió en dos secciones: Limonal-San Gerardo (Chomes) (23,8 km) y San Gerardo- Barranca (25,2 km), los cuales serían ampliados a cuatro carriles.

En ambas secciones se acumulan actualmente, más de ocho meses de atraso entre resolución de apelaciones, reclamos administrativos y readjudicaciones.

De acuerdo con la información del MOPT, en el caso del tramo Limonal-San Gerardo, desde que se publicó el cartel, a finales del 2017, se recibieron al menos 14 objeciones y dos apelaciones a la adjudicación.

En junio del 2018, la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) adjudicó la obra al consorcio San Gerardo, conformado por las empresas H. Solís y Meco, por $99 millones. Dicha adjudicación fue anulada por la Contraloría General de la República (CGR) en setiembre del año anterior, debido a que dicho consorcio presentaba incumplimientos financieros.

La contratación entonces recayó en la empresa Power China que ofrecía construir la ampliación por un monto de $114 millones, acto que también fue apelado y posteriormente anulado en febrero de este año, tras determinarse que no cumplía con algunos de los requisitos de experiencia establecidos como condición de elegibilidad.

Esa anulación, dejó a la Administración con la posibilidad de elegir únicamente entre dos oferentes: el consorcio Puentes Almendro, por un monto de $110 millones, en asfalto, y la constructora FCC, cuya oferta es de $116 millones, en concreto.

La historia en la otra sección (San Gerardo- Barranca) es similar. En este caso, la apertura de ofertas se dio en julio del año pasado y se adjudicó también a Power China por $103 millones.

Esa adjudicación también quedó sin efecto el 24 de enero de este año, cuando la Contraloría resolvió a favor de dos apelantes y anuló el acto por las mismas razones: incumplimiento de requisitos de experiencia.

En ese caso, la Unidad Ejecutora, debería elegir entre las ofertas de otras cuatro empresas y consorcios, cuyos costos van entre los $103 millones y los $109 millones.

Esperan más apelaciones

Tomás Figueroa, encargado de la Unidad Ejecutora del PIT para el tramo de Limonal-San Gerardo, informó de que desde el 10 de abril se remitió a la Unidad Asesora el acta con la recomendación de la empresa para readjudicar.

Ahora, dijo, se debe esperar a que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que otorgó crédito, dé el visto bueno.

A partir de ahí, se publicaría el aviso de adjudicación y los oferentes tendrán cinco días hábiles para apelar, mientras que la Contraloría General de la República (CGR) deberá resolver en un plazo no mayor a 30 días hábiles esos eventuales recursos.

En la sección de Barranca- Limonal, la recomendación de la Unidad Ejecutora fue presentada el 7 de mayo y debe seguir el mismo camino.

“Lo más probable es que van a volver a apelar”, previó Figueroa.

Sin embargo, tiene la esperanza de que el procedimiento ahora sí quede en firme.

De acuerdo con el ingeniero, aparte de las apelaciones y recursos presentados ante la Contraloría, también ha habido atraso por otras gestiones presentadas por las empresas.

Los principales reclamos se relacionan con modificaciones al cartel que se hicieron en el camino y que, según había indicado la Administración a inicios de año, se realizaron por cuestiones de riesgo.

El funcionario del MOPT calificó la situación que enfrentan en la Interamericana norte como atípica.

Parte del problema, según él, es que al ser un programa de crédito financiado por el BID, deben aplicarse políticas de adquisiciones de ese ente en las etapas iniciales y luego, en las etapas recursivas, las empresas acuden directamente a la Contraloría.

De esta forma, se hace una mezcla entre la normativa local y las políticas del BID.

Figueroa afirmó que este retraso provoca que se eleve el costo de la obra, pues cada vez que se rechaza una oferta se continúa “hacia arriba”, es decir, la siguiente en razón de precio.

El jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez, afirmó la semana anterior que la experiencia en estos dos proyectos les permitiría considerar mejoras en los carteles para el futuro, a fin de evitar este tipo de contratiempos.

La sección Barranca- Limonal (dividida en dos tramos), a su vez forma parte de las tres etapas en las que se dividió el proyecto de ampliación en la Interamericana Norte.

Las otras dos secciones que se financian con el préstamo de $450 millones del BID son Cañas-Liberia, que entró en operación en abril del 2016, y Cañas-Limonal, que actualmente está en construcción a cargo de la empresa española Azvi. Esta última deberá estar lista al finalizar el próximo año, según prometió el MOPT.