EscucharProductores de arroz se manifestaron y presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, este 9 de noviembre, contra un decreto firmado por el Gobierno, como parte de “La Ruta del Arroz”.
Según explicó la productora y presidenta de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, Wendy Vargas, a La Nación, el recurso se interpuso específicamente contra el decreto que rebajó los aranceles de importación del grano pilado del 35% al 4% y a 3,5% en el arroz en granza.
Vargas también mencionó que se solicitó ante el tribunal una medida cautelar para que el decreto quede sin efecto mientras se resuelve la apelación, con el fin de proteger a los pequeños y medianos productores a la mayor brevedad posible.
Alejandro Jiménez, representante legal de los productores, especificó que la acción se justifica en vicios de nulidad absoluta que contendría dicho decreto, por elementos como desviación de poder, falta de motivación del acto e inexistencia de motivo legal o motivo de hecho para aplicar la reducción de aranceles.
La convocatoria a la manifestación fue organizada por la Asamblea Nacional de Productores, órgano de la Corporación Arrocera Nacional. Los productores justifican que la “Ruta del Arroz” fomentaría el abasto nacional a partir de importaciones que son favorecidas por una reducción arancelaria y que dejó a la rama de producción nacional expuesta a un mercado internacional desleal con precios mucho más bajos de lo que cuesta producir en Costa Rica.
Según informó la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), las medidas tomadas por el Ejecutivo “está llevando a los productores a la ruina”, debido a que han visto su precio de venta muy reducido y estiman que el área de cultivo del grano disminuya de 35.317 hectáreas, en el periodo arrocero del 2021-2022, a menos de 20.000 hectáreas para el periodo actual, según cálculos de Conarroz.
Conarroz informó de que actualmente los agroindustriales compran el grano nacional al mismo precio internacional, aproximadamente ¢22,000 por saco. Según la corporación, previo a la ruta del arroz, cada productor recibía ¢27.253 por saco.
Vargas explicó que tras el anuncio de ‘La Ruta del Arroz’ muchos arroceros decidieron sembrar un área menor o no sembrar del todo, lo que ha tenido un impacto en la cantidad de producción nacional. Según ella, “el sector arrocero moriría este año” en caso de que los productores no reciban una solución temprana que atienda los problemas estructurales que tienen los agricultores.
“Si no tenemos herramientas para mejorar el sistema de producción y poder bajar costos, no podríamos continuar con la producción (...) Hay una gran incertidumbre en la siembra de verano porque no hay seguridad de que nos puedan recibir esa granza a un precio que cubra los costos”, lamentó Vargas.
Se mantienen dudas sobre capacidad del CNP
En octubre pasado Conarroz cuestionó la capacidad del Consejo Nacional de Producción (CNP) para adquirir la cosecha del grano de pequeños y medianos productores, luego de que el pasado mes de julio el presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmara que la institución cuenta con la capacidad para comprar el producto a pequeños y medianos productores.
Según informó la presidenta de la Asamblea Nacional de Productores, actualmente el CNP sí recibe el producto, pero los productores muestran preocupación tras las “muestras de colapso y problemas de pago” que ha tenido la institución debido a la regla fiscal.
Vargas explicó a La Nación que muchos productores se han puesto un límite de 100 hectáreas de producción, tras el anuncio de un proyecto de ley que distribuiría alrededor de ¢2.800 millones en subsidios entre los productores de arroz que siembren hasta 100 hectáreas, como compensación por la reducción de aranceles para la importación de este cereal, como informó La Nación el pasado mes de julio.
Los productores de arroz no ven viable el beneficio de la aplicación de ese proyecto y ven difícil su aprobación ante las dudas que han presentado algunos diputados.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) indicó, en su momento, que la Ruta del Arroz contemplaba acciones de acompañamiento económico y técnico, tanto para quienes decidieran permanecer en la actividad arrocera, como para quienes quisieran transformarse a otras actividades. Sin embargo, según Vargas, los productores aún no han recibido ese acompañamiento.
Al tribunal, ubicado en Calle Blancos, se hicieron presentes productores de las regiones Chorotega, Huetar Norte, Pacífico Central y Pacífico Sur.
En los decretos parte de la llamada Ruta del Arroz, el Ejecutivo se planteó la eliminación del esquema de fijación de precios del grano y la disminución de aranceles de importación del producto.
