Bajo un sofocante sol de mediodía, Laura Fernández Delgado reiteró ayer en su primer discurso como presidenta en ejercicio una de sus principales promesas de campaña: impulsar una reforma profunda del Estado. Pero esta vez, ya investida con la banda tricolor, agregó un nuevo matiz a su propuesta: sin atentar contra la división de poderes.
Sus palabras contrastaron con los ánimos del público presente en el Estadio Nacional, en La Sabana, que abucheó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y a la contralora general, Marta Acosta, durante los saludos protocolarios de Fernández previo a su intervención.
“Tenemos la madurez para reconocer lo que está bien… y el valor para cambiar lo que no. Sí, eso implica tomar decisiones que por años se evitaron.
“Por supuesto que eso no significa atentar contra la división de poderes. Nunca lo haría. Pero a cada uno le toca darle cuentas al pueblo de sus acciones y sus omisiones. La reforma que necesitamos es profunda”, declaró.
En su alocución, la mandataria dejó claro cómo se autopercibe: “Soy la heredera de ese cambio y lo digo sin titubeos”. Por eso, afirmó que el traspaso de poderes de este viernes es “un nuevo impulso de un proyecto que se inició hace cuatro años”.
Fernández invitó a sus seguidores a “no desperdiciar el momento” y a “nunca volver a cerrar los ojos”.
Las promesas y su viabilidad
La presidenta Fernández planteó ayer algunas promesas que ya suenan familiares para el oído de los costarricenses, porque no es la primera vez que las escuchan.
Son compromisos enunciados en el pasado por gobiernos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Acción Ciudadana (PAC) y la administración saliente de Rodrigo Chaves, pero que ninguno logró llevarlos a buen puerto.
La primera promesa de la mandataria es heredada del gobierno pasado: inaugurar una megacárcel. De paso, Fernández aprovechó para señalar que esas inversiones “no servirán de nada si los jueces siguen soltando delincuentes peligrosos”. El público aplaudió y vitoreó.
Asimismo, afirmó estar lista para “modernizar aún más el Estado”, pues alegó que el país “no puede continuar con 335 instituciones que perdieron el norte”.
Esto tampoco es nuevo. La propia Fernández lo señaló cuando asumió como ministra de Planificación en el 2022. Sin embargo, el cierre o fusión de instituciones durante la administración Chaves Robles fue casi nulo. Ahora, la nueva gobernante, con sus 31 diputados oficialistas, tendrá una oportunidad de oro para concretarlo.
Fue especialmente en el área de la infraestructura pública donde Fernández retomó esas promesas que el tico lleva décadas escuchando. Aseguró que impulsará el tren rápido de pasajeros, la ruta 1 hacia San Ramón, la carretera a San Carlos, el tramo Barranca-Limonal y la ruta 32.
Como detalló Revista Dominical, de La Nación, la propuesta del tren rápido cuenta con buen ambiente en el plenario legislativo. El proceso de licitación de la ruta 1 está pronto a iniciar, pues el financiamiento acaba de aprobarse en el Congreso. El tramo Barranca-Limonal se encuentra en etapa de construcción y la ruta a San Carlos está a la espera de la adjudicación del tramo central.
La ruta 32, señalada por Fernández, es una obra heredada del gobierno de Luis Guillermo Solís (2017), recibida por la administración Chaves con 58% de avance y está prácticamente terminada. De hecho, el propio expresidente la mencionó como una meta concluida en su rendición de labores, el pasado lunes 4 de mayo.
La única etapa pendiente es la sustitución de las fallidas rotondas instaladas por el anterior gobierno, por los pasos elevados que estaban contemplados en los diseños originales. También faltan algunas obras complementarias.
Seguidamente, al igual que lo hizo Chaves en el pasado, la mandataria prometió “dar la batalla” para construir Ciudad Gobierno, la Marina de Limón y “resolver el saqueo y la contaminación en Crucitas”. De hecho, en uno de sus tres primeros decretos ejecutivos, Fernández convocó a la corriente legislativa los proyectos de ley referentes a estos tres asuntos.
Las propuestas de la Marina de Limón y Ciudad Gobierno fueron señaladas en el pasado por la Contraloría General de la República (CGR) por ser inconstitucionales, ya que el gobierno pretendía desarrollarlas sin concurso público. Sin embargo, ambas iniciativas tienen buen ambiente en el Congreso, siempre que se realicen “mediante un mecanismo transparente”, según indicó el jefe de la mayor bancada de oposición, Álvaro Ramírez, del PLN.
Al contrario, el plan para permitir la minería en Crucitas no parece tener un camino tan sencillo. En la Asamblea Legislativa topará con la fuerte oposición del Frente Amplio, con el abogado ambientalista Edgardo Araya en primera línea, y la liberacionista y sancarleña Diana Murillo también oponiéndose.
Fernández retomó ayer otra promesa no cumplida del ahora exmandatario Chaves: la eliminación de las pensiones de lujo.
La Sala IV ha sido clara en que las pensiones de lujo actuales no se pueden eliminar, ya que son un derecho adquirido. No obstante, con 31 diputados oficialistas, la actual administración sí tiene la oportunidad de recortarlas, si quisiera hacerlo.
Finalmente, Fernández prometió volver a impulsar las jornadas laborales 4-3, que toparon con pared en el periodo anterior.
Los grandes ausentes
Fernández cerró su discurso con el protocolario agradecimiento y, al retirarse del atril para darle paso al acto religioso, dejó en el aire varias ausencias notables.
Durante la media hora en que se dirigió al público no hizo alusión directa a la visión que tiene sobre la educación, ni mencionó ningún proyecto para afrontar los grandes retos que tiene el país en esta área.
Su omisión llega tras un cuatrienio en que Anna Katharina Müller, exministra de Educación y hoy diputada, nunca presentó la llamada “ruta de la educación”, y justo el día en que Fernández hereda la responsabilidad de hacerle frente a una crisis de décadas en infraestructura educativa y procesos de aprendizaje.
Tampoco existieron menciones a la pugna por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que, fuera del Estadio Nacional, es brasa ardiente, pero que dentro del recinto fue un gran fantasma.
Y de paso, ahora Chaves, en carácter de ministro de Hacienda, tendrá que sentarse a negociar con los rectores de las universidades que fueron blanco de sus ataques públicos.
El presupuesto destinado a educación registró durante el anterior gobierno una de las mayores caídas. Al declararse Fernández “heredera” de la línea política de su antecesor, queda la incógnita de si esta será otra de las decisiones que mantenga. De momento, su discurso no dio respuestas.
Tampoco se refirió al sistema de salud, cuyas costuras se deshilachan por varios costados. La presidenta no dio seña de por dónde irán las puntadas de su gestión.
El movimiento que hoy lidera Fernández llegó a Casa Presidencial prometiendo aliviar los cientos de miles de casos en listas de espera de hospitales. Y a la puerta de esta problemática, también tocan las dudas sobre qué pasará con el déficit de especialistas.
Ante la omisión del tema, lo único concreto parece ser la reciente declaración de Mónica Taylor, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien ya sentenció que es imposible reducir las listas.
A esto se suma que, por primera vez en la historia, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) utilizó en el 2025 fondos de su reserva para pagar las pensiones, una realidad crítica que llegó 16 años antes de lo que los estudios actuariales esperaban.
En una ruta paralela, corre el incierto porvenir de la propuesta para el retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), la cual se encuentra en medio de un tira y encoje, incluso entre las figuras del mismo oficialismo.
La escala de colores va desde el rotundo no de Nogui Acosta, jefe de la bancada de gobierno, pasando por el criterio de su compañero Antonio Barzuna, quien plantea entregar este ahorro solo a personas con enfermedades graves, hasta la reciente apertura que ha mostrado la mandataria frente a esta iniciativa.
Y si de fricciones se trata, otro asterisco se posiciona sobre la relación del actual gobierno con activistas opositores y la prensa, dos actores que han topado con la hostilidad de parte de Casa Presidencial en los últimos años.
Así, con promesas y ausencias, Fernández inició su gobierno como la 50.° presidenta de Costa Rica.
