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Un partido político que aspira a gobernar debe mostrar, desde sus primeros pasos, un compromiso incuestionable con la democracia interna y la transparencia. Lo sucedido en la Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el domingo 24 de agosto, para elegir a sus candidatos a diputado con miras a las elecciones de febrero de 2026, exhibió lo contrario. Fue un proceso marcado por la opacidad, el control discrecional de la cúpula y los cuestionamientos.
Las denuncias de asambleístas, las incongruencias de la candidata presidencial, Laura Fernández, e incluso audios filtrados, dejaron en evidencia que lo que debía ser un ejercicio de participación democrática se convirtió en un soberano polvorín.
El punto de partida fue la decisión de celebrar la Asamblea a puerta cerrada, sin permitir el ingreso de la prensa ni la observación externa, con el argumento de que otros partidos también lo hacen y que la intención era evitar “interrupciones”. La práctica no es sana. Si un partido pretende postular papeletas en comicios nacionales, lo correcto es que el electorado conozca, desde un principio, cómo se originó cada nombre de la nómina y quién lo propuso.
Cuestionable, también, es la discordancia entre lo que Fernández dijo públicamente y lo que terminó haciendo. A principios de agosto aseguró en el canal Opa que los estatutos de PPSO eran “tan democráticos” que el candidato presidencial no podía designar candidaturas. El mismo 24 de agosto, antes de iniciar la Asamblea, repitió a la prensa: “Yo no tengo ninguna posibilidad de poner a dedo a ninguna persona”.
Sonaba creíble, pero algunos elegidos y los propios hechos la desdicen. El exvicepresidente de la República, Stephan Brunner, designado en el tercer puesto por San José, declaró a la prensa que ella definió el orden de los candidatos en las papeletas. “Yo no negocié nada, eso lo negocia Laura Fernández; ella fue la que definió, más o menos, la secuencia”. El abogado José Miguel Villalobos, cabeza de lista por Alajuela y defensor privado del presidente Rodrigo Chaves, confirmó también que conversó con Fernández para encabezar la nómina. Y lo que terminó de exhibir el andamiaje fue la votación en Alajuela, donde el asambleísta Wilson Jiménez se impuso en el quinto puesto, rompiendo el orden diseñado por la cúpula. Lejos de aceptar el resultado, Fernández explotó al calificar el episodio de “traición” y habló de “deslealtad en una manada de jaguares”, como lo probó un audio que trascendió. Delegados presentes aseguran que golpeó el atril, exigió disciplina y respetar “el orden”.
Ese estilo contradice no solo sus palabras, sino también el fallo previo del TSE, que le había prohibido a Pueblo Soberano introducir un transitorio para otorgar al candidato presidencial la potestad de recomendar hasta un 25% de las candidaturas a diputaciones. Quedó vetado en el papel.
La turbiedad también alcanzó a quienes quisieron participar. La abogada y periodista Xinia Molina Ruiz pagó los ¢2.250.000 exigidos por estatuto, entregó su documentación y, aun así, dos días antes de la Asamblea le informaron que estaba en el grupo de quienes no tenían ninguna posibilidad de ser elegidos en Heredia. Intentó presentarse ante los asambleístas, pero fue interrumpida sin poder explicar quién era ni qué proponía. En un recurso de amparo electoral, alegó que se le violentó el derecho político a ser electa. Iliana María Ruiz Chacón también presentó otro amparo electoral, pues alega que lo mismo le sucedió en Alajuela.
Contrariamente, Kattia Ulate Alvarado, nombrada en el sexto lugar de Alajuela, reconoció públicamente que no pagó la cuota de inscripción. La presidenta del partido, Mayuli Ortega, intentó aclarar que quien lo hizo fue el esposo. La candidata también afirmó que ni siquiera propuso su nombre, sino que “dirigentes” lo colocaron en la papeleta y la llamaron para asistir.
Un partido que maneja sus procesos de esa forma erosiona su credibilidad y el principio de igualdad en la participación política. Esa asamblea también reflejó prácticas que deberían ser investigados internamente y hasta por el TSE, para que nunca se repitan. Nos referimos a la denuncia de Sergio Segura, de Garabito, quien dijo que después de la sesión, un candidato por Alajuela interpeló a una delegada a la cual regañó, le reclamó “el desastre por lo que sucedió, y dijo que habría consecuencias para ella en su trabajo como empleada pública”. Eso es intolerable, pues las represalias políticas deberían estar desterradas.
El resultado final de la Asamblea son papeletas dominadas por exjerarcas del gobierno y un proceso con muchas sombras que el TSE deberá resolver, pues ya tramita, al menos, siete amparos electorales, entre ellos, dos que tienen en suspenso las designaciones en Heredia y Alajuela.
Claramente, hay muchos indicios de que lo que debió ser un ejercicio de pluralismo terminó siendo un ensayo de control político.
El PPSO y la propia Laura Fernández tienen el deber de rectificar ahora que la campaña electoral apenas calienta. Un partido y un aspirante presidencial deben demostrar coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, porque solo así se dignificará la política y se robustecerá la democracia.
