La abogada Xinia Molina pagó ¢2.250.000 para postularse al cargo de diputada por Heredia con el Partido Pueblo Soberano (PPSO). Según relató, cumplió con los requisitos establecidos para la inscripción de candidaturas y entregó toda la documentación el 18 de agosto.
Hizo el respectivo depósito, el cual incluía ¢750.000 por inscripción y ¢1.500.000 por participación, de cara a la Asamblea Nacional partidaria del domingo 24 de agosto.
Sin embargo, dos días antes de la sesión, la llamaron para informarle de que “estaba en el grupo de personas que no tenían ninguna posibilidad de ser electas”, relató la abogada a La Nación en una entrevista.
Eran las 5 p. m. del viernes 21 de agosto. Le dijeron “no se iba a considerar” su nombre para la postulación “como resultado de una preselección” y le devolverían el dinero. La profesional prefirió no identificar a la persona que la contactó.
Ante la llamada, Molina envió un correo electrónico a la presidenta del partido, Mayuli Ortega, exponiendo la situación y señalando que había cumplido con todo.
“Hasta donde yo entendía, no había proceso de selección, inclusive yo había revisado la normativa y no se hablaba de ello”. En ese mensaje, advirtió de que presentaría un recurso de amparo electoral, pero nunca obtuvo respuesta.
Al día siguiente, el sábado 23 de agosto, la aspirante fue contactada por un encargado del Tribunal de Elecciones Internas (TEI) del partido, quien le indicó que sí estaba dentro del proceso y que esa información “no tenía que haber salido”. Ese mismo día, en horas de la tarde, Molina acudió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para presentar el recurso de amparo electoral.
“Cuando yo regreso a mi casa, tengo una notificación de una resolución emitida por el TEI del partido, con fecha del 19 de agosto, que indicaba que había cumplido con los requisitos y que estaba invitada a asistir a la Asamblea”, explicó.
Sin embargo, esa resolución le generó dudas. A pesar de estar fechada el 19 de agosto, porque la redacción decía: “En virtud de lo anterior, se le indica que debe presentarse mañana”.
Según Molina, si el documento realmente fue emitido ese día, la notificación tendría que haber señalado que debía presentarse el domingo 24 de agosto y no “mañana”, pues el día siguiente al 19 era miércoles 20.
Para la abogada, la incongruencia evidencia que la resolución fue redactada el sábado 23, cuando el partido sabía que ella presentaría un amparo.
Aun así, se presentó a la Asamblea del domingo en el hotel Aurola, en San José, donde asegura que quedó claro que “la elección de los candidatos ya estaba definida, mucho tiempo antes de que se diera la elección, tal y como fue denunciado por otros participantes e incluso por un delegado ante la Asamblea”.
Relató de que, durante su participación en la Asamblea, pidió a la organización que le permitieran presentarse ante los militantes para darse a conocer formalmente. Sin embargo, “algunos de los asambleístas empezaron a gritar ‘tiempo, tiempo’, entonces se me cortó el espacio para hablar. Ni siquiera pude decirles quién era yo ni qué pensaba”.
Recalcó que no es ajena al partido, pues ha participado en la planificación comunitaria y en procesos electorales anteriores, incluso en una candidatura municipal. Sin embargo, afirmó que se sintió marginada del proceso interno e hizo un llamado a la coherencia ética en la agrupación.
Molina enfatizó que su denuncia no es contra PPSO como tal, sino contra prácticas que, en su criterio, contradicen los valores democráticos. “Yo sigo trabajando por Pueblo Soberano, pero la lealtad también significa señalar lo que está mal”, concluyó.
Asimismo, la militante indicó que, hasta el jueves 28, el partido no le había devuelto el dinero.
La Nación consultó a la presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, sobre dichas declaraciones. Al cierre de edición, no se recibió respuesta.
¿Qué motivó el amparo electoral?
En el amparo, interpuesto contra el partido y contra la presidenta del Comité Ejecutivo, Mayuli Ortega Guzmán, Molina alega que el PPSO no informó sobre ningún proceso de preselección ni sobre el órgano encargado de realizarlo. En su criterio, esas modificaciones a las reglas la perjudicaron y “violaron su derecho político a ser electa”.
Reclamó que, pese a solicitarlo en varias ocasiones, nunca se le facilitó la lista de delegados con teléfonos y correos para poder presentarles su candidatura, lo cual, según ella, afectó su derecho a participar en igualdad de condiciones.
“Incluso, cuando me tocó el turno de presentarme en la Asamblea, se me cortó mi exposición sobre quién era”, denunció en la ampliación del recurso.
Por ello, solicitó al TSE anular los nombramientos de los candidatos electos y reprogramar la Asamblea de delegados. Además, pidió que se ordene al Comité Ejecutivo entregar a los postulantes la lista de delegados “con el propósito de que los candidatos puedan enviar su currículo y ser valorados con mayor objetividad y transparencia, en respeto al derecho político de ser electo”.
El PPSO afronta al menos otros seis recursos de amparo electoral de personas que alegan haber sufrido violaciones a su derecho a la participación, en el proceso de elección de candidatos a diputado de Pueblo Soberano. De hecho, el TSE suspendió las candidaturas de las provincias de Alajuela y Heredia mientras estudia la gestión legal.
Dos de los reclamos tienen que ver con el monto de ¢2.250.000 para inscribir candidaturas a diputados. La candidata Laura Fernández dijo haber pagado ¢1.250.000, al igual que los candidatos a vicepresidentes.