Los primeros recursos, relacionados con la proporcionalidad de las cuotas, fueron presentados los días 6 y el 14 de agosto, incluso antes de la realización de la Asamblea Nacional del PPSO del 24 de agosto, en que se eligió a los candidatos.
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El 25 de agosto, se interpusieron otros dos, en los que militantes denunciaron que, pese a inscribir su precandidatura, recibieron llamadas para que desistieran. Según informó La Nación el martes pasado, dos mujeres alegaron que, aunque cumplieron con todos los requisitos, fueron rechazadas del proceso interno.
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Debido a ello, las candidaturas del PPSO en las provincias de Alajuela y Heredia se encuentran en suspenso mientras el TSE estudia los recursos. Entre las aspiraciones congeladas están las de los exministros Marta Esquivel y José Miguel Villalobos.
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El 27 de agosto, se presentó un quinto recurso en el que un asambleísta cuestionó la forma en que se eligieron las candidaturas provinciales por nóminas completas, en vez de hacerlo puesto por puesto. Según la denuncia, los delegados debían aprobar o rechazar la lista en bloque, y solo en casos muy específicos se votaba por separado.
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Ese mismo día, se interpuso otro recurso de un candidato a diputado por San José, quien aseguró que también lo llamaron para desistir, aunque igualmente asistió a la Asamblea.
El sétimo recurso ingresó el 28 de agosto, presentado por un militante de Puntarenas, quien cuestionó la integración de las nóminas y la votación en bloque. Asegura, además, que lo llamaron para que se retirara, pero decidió mantenerse en el proceso.
La Nación pidió a la presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, una reacción y consultó si el Partido conoce sobre los recursos interpuestos. Al cierre de edición, no se recibió respuesta, ya que indicó que se encontraba en sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Superior.
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De acuerdo con Cambronero, los últimos recursos están en estudio de admisibilidad. Si son acogidos, el TSE dictará una resolución de curso en la que, de ser necesario, toma medidas provisorias. Luego, comunicaría al partido y al Tribunal de Elecciones Internas (TEI) para que, en un plazo de tres días, rindan un informe. Con esa información, se resuelve el fondo del expediente.
Si el recurso no se admite, procede el rechazo de plano o por el fondo. En caso de que el partido no conteste en el plazo establecido, “según la ley se tienen por ciertos los hechos que alegan las personas y se pasa a resolver el expediente con la información disponible”.
El funcionario aclaró que lo anterior no implica que el partido sea automáticamente condenado, sino que el Tribunal continúa el análisis con lo que tiene en el expediente.
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Cambronero agregó que, hasta ahora, no han ingresado acciones de nulidad, que revisan aspectos de legalidad, sino únicamente recursos de amparo electoral, enfocados en la tutela de derechos fundamentales presuntamente violentados durante el acto partidario.