El requisito de contar con al menos seis meses de militancia para aspirar a una candidatura de elección popular en representación del Partido Pueblo Soberano (PPSO), no será un obstáculo para quienes hayan formado parte del gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
Aunque el artículo 8 del estatuto del partido exige ese plazo mínimo para postularse a cargos internos, diputaciones o la presidencia de la República, el transitorio cinco aprobado por la Asamblea Nacional de la agrupación, en marzo, exime de esa condición a las personas que hayan militado en otros partidos políticos o ejercido funciones en gobiernos electos de otros partidos políticos.
La disposición tiene vigencia únicamente para el proceso electoral de 2026, y quienes apliquen bajo esta excepción deberán cumplir con el resto de requisitos establecidos en la Constitución, el Código Electoral y los reglamentos internos de la organización.
El ordenamiento no contempla la posibilidad de que la persona que asuma la candidatura presidencial por el partido escoja o sugiera algunas candidaturas a diputados.
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TSE frenó propuesta
Si bien la precandidata presidencial de Pueblo Soberano, Laura Fernández, aseguró el jueves en el programa El Octavo Mandamiento, del canal Opa, que los estatutos del partido son “tan democráticos” que el candidato a la presidencia no tiene poder para designar candidaturas, lo cierto es que la agrupación sí intentó introducir una norma transitoria que le hubiese permitido recomendar hasta un 25% de los aspirantes al Congreso.
“Viera que los estatutos del Partido Pueblo Soberano son tan democráticos que el candidato a la presidencia no tiene eso que usted está diciendo”, respondió Fernández, al ser consultada sobre si tendría injerencia en los primeros puestos de las listas legislativas de las siete provincias.
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No obstante, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó esa reforma estatutaria por considerar que otorgaba un poder excesivo al candidato presidencial. Según concluyó la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, la disposición resultaba desproporcionada, irrazonable y contraria al principio democrático de selección de candidaturas.
La propuesta, aprobada por la Asamblea Nacional del partido el pasado 5 de junio, facultaba al aspirante presidencial para recomendar hasta dos candidatos a diputaciones por provincia, lo que le habría dado influencia directa sobre 14 de los 57 puestos elegibles para la Asamblea Legislativa.
La agrupación definió que las provincias de San José, Alajuela, Puntarenas y Limón, estarán encabezadas por hombres. Mientras que Cartago, Heredia y Guanacaste, por mujeres.
Las nómina diputadil también tendría que integrar a representantes de los partidos Movimiento Tiempo de Valientes y Creemos, que son los otros dos que integran la alianza de agrupaciones chavistas.
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Transitorio ya surte efectos
El transitorio que exime de la militancia, abrió la puerta a que Francisco Gamboa, exministro de Economía, asumiera la secretaría general del partido, tan solo cinco meses después de renunciar a su cargo en el Poder Ejecutivo.
Actualmente, el exjerarca también aspira a la primera vicepresidencia de la República por Pueblo Soberano, en la fórmula presidencial encabezada por Laura Fernández, exministra de la Presidencia. Ambos dejaron el gobierno el pasado 30 de enero.
Igualmente, la disposición le permitió al abogado Douglas Soto sumarse a la papeleta de Fernández, en la segunda vicepresidencia. El pasado 28 de julio, durante la inscripción de las tres candidaturas, el exmilitante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) declaró a La Nación que el acercamiento con Pueblo Soberano era “muy reciente”.
Soto anunció en febrero su renuncia a la agrupación socialcristiana.
Igualmente, podrían también buscar una candidatura a diputados los exjerarcas que salieron del Poder Ejecutivo el 31 de julio o antes de esta fecha.
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Ello incluye a los exministros Anna Katharina Müller (Educación), Nogui Acosta (Hacienda), Marta Esquivel (Planificación), Ángela Mata Montero (Vivienda) y Cindy Quesada (Condición de la Mujer).
Igualmente, podrán aspirar los ex presidentes ejecutivos Esmeralda Britton, Junta de Protección Social (JPS), y Juan Manuel Quesada, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Está por definirse la situación del primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, cuya renuncia ya fue conocida por la Asamblea Legislativa y su credencial cancelada por el Tribunal Supremo de Elecciones, y si Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes, decide continuar alejado de la política, como lo anunció tras conocerse que pagó ¢3 millones una mujer para que solicitara el archivo de un expediente penal por presunto abuso sexual en su contra.
Quienes pretendan aspirar a una diputación con Pueblo Soberano tendrán que cancelar ¢2.250.000 en total.
Ese monto está compuesto por una cuota de participación de ¢1.500.000, y una cuota de inscripción de ¢750.000.