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Rectificar una decisión equivocada es un acto de responsabilidad, sobre todo, cuando está en juego la seguridad nacional. Devolver la Policía de Control de Drogas (PCD) a aeropuertos y puestos fronterizos responde a esa lógica y constituye una muy buena noticia para el país. Sin embargo, el desafío apenas comienza.
Lo fundamental es reconstruir, ladrillo por ladrillo, el muro que el país había levantado para reprimir al narcotráfico que, procedente de América del Sur, utiliza nuestro territorio como bodega, zona de tránsito hacia América del Norte o punto de transferencia hacia Europa.
En ese sentido, la decisión anunciada por la presidenta de la República, Laura Fernández, el 13 de julio, trasciende la operación policial contra el narcotráfico y reivindica un principio esencial de la buena gobernanza: la fortaleza de una política pública no radica en mantenerla inalterable, sino en corregirla cuando los hechos demuestran que no produjo los resultados esperados.
Desde que en setiembre del 2023 el gobierno de Rodrigo Chaves sacó a la PCD de puertos, aeropuertos y fronteras con la idea de destinar a sus agentes a “investigación y judicialización de expedientes”, los mismos policías, especialistas en seguridad nacional y diputados cuestionaron la efectividad de la directriz. Con el paso de los meses, los resultados no disiparon esas dudas.
También causó preocupación la versión del actual ministro de Seguridad, Gerald Campos, sobre los motivos que llevaron a retirar la PCD de puestos fronterizos, la cual contrasta con la que dio en su momento el entonces jerarca, Mario Zamora.
Campos dijo que el retiro obedeció a la falta de recursos, pero Zamora defendió la decisión, en el 2023, alegando que se trataba de una estrategia de seguridad.
Pero la PCD fue apenas uno de los ladrillos retirados del muro contra el narcotráfico. En octubre del 2024, el MSP también sacó de Bahía Drake, en el Pacífico sur, al cuerpo élite del Servicio Nacional de Guardacostas y lo reubicó en Quepos y Golfito, a unas dos horas de navegación.
Poco importó la investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que en el 2020 advirtió sobre el tránsito anual por esa zona de al menos 500 toneladas de cocaína y 600 de marihuana provenientes, principalmente, de Colombia.
Un mes después se confirmó la pérdida de otro ladrillo con el cierre de la estación en Sixaola, en el Caribe sur, zona marcada en los mapas policiales como “punto caliente” de ingreso de drogas.
Al mismo tiempo, la Academia de Guardacostas, en Quepos, fue trasladada a Pococí, a 103 km de la costa. Allí, los futuros agentes pasarían a formarse en una piscina de apenas 25 metros. Cuesta justificar que oficiales llamados a perseguir embarcaciones del narco reciban buena parte de su entrenamiento en una piscina. Si la principal amenaza llega por vía marítima, la capacitación también debe desarrollarse en el entorno donde enfrentarán el riesgo y pondrán en práctica las habilidades que se esperaría de ellos.
Ahora, el bloqueo presupuestario del Ministerio de Hacienda contra el Poder Judicial se convierte en otra grieta en el muro al impedir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la apertura de sedes en Puerto Jiménez (Pacífico sur); Cabo Velas (Pacífico norte) y La Cruz (frontera norte). Son territorios prioritarios por la expansión de las estructuras del narco.
Ya está demostrado que donde el Estado se ausenta, el crimen organizado ocupa el espacio. El expediente del caso Riverside asegura que Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, habría aprovechado el cierre de Guardacostas en Sixaola para construir pistas clandestinas muy cerca del mar y de la desembocadura del río Sixaola —límite natural con Panamá— para recibir cargamentos de cocaína.
Precisamente, otra grieta está en las aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA). En octubre del 2024, este diario reveló que de nueve, solo una estaba en operación. Además, la planilla de pilotos registraba apenas 4,9 horas en promedio por mes. En comparación, un piloto de una aerolínea local volaba 90 horas.
En esas circunstancias, es fundamental que el Ejecutivo revise requerimientos de presupuesto, equipamiento, tecnología, pero sobre todo que imponga rigurosos controles internos en mandos policiales e investigue las posibles redes de influencia dentro del aparato estatal.
Las advertencias ya existen. El informe de la DEA sobre el caso de Celso Gamboa contiene una grabación en la cual él habría asegurado, en setiembre del 2023, que “el gobierno concede la entrada a la organización de tráfico de drogas para los cargamentos de cocaína” y que la recepción “está 100% garantizada”.
A ello, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro, reportó en agosto del 2025 que Gamboa pagó sobornos “a policías y funcionarios gubernamentales para facilitar el transporte de cocaína”.
Por eso, aunque la decisión presidencial de reinstalar la PCD en el aeropuerto Juan Santamaría apuesta a cerrar grietas, el éxito dependerá de levantar una robusta estrategia para que las organizaciones criminales encuentren, en cada puerto, en cada frontera, en cada costa y en cada oficina gubernamental, un Estado decidido a defender su soberanía.
Es una tarea titánica y obliga al Ejecutivo a unir fuerzas con los poderes Legislativo y Judicial. Lo reconoció la mandataria el 8 de mayo, al asumir el cargo: “Recuperar la seguridad no es una tarea de uno solo“. Tampoco lo será reconstruir el muro de contención que el país necesita para frenar lanchas y aviones del narcotráfico.
