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La presidenta de la República, Laura Fernández, revirtió la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de retirar a la Policía de Control de Drogas (PCD) de aeropuertos, puertos y puestos fronterizos. El primer paso será reinstalar a estos agentes en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, en Alajuela, anunció este lunes.
En setiembre del 2023, el gobierno de Rodrigo Chaves decidió sacar a la PCD de puntos fronterizos, alegando que iban a enfocarse en investigaciones.
“Hoy el comportamiento del narcotráfico no es igual al de hace cuatro años; ahora circulan drogas más evolucionadas, como pastillas y químicos, utilizados para fabricar drogas sintéticas”, dijo la presidenta tras la reunión semanal de ‘Fuerza Élite’, que reune a jerarcas del gobierno en seguridad.
Fernández detalló que se incorporarán tres agentes adicionales de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), así como once agentes de la PCD, entre ellos un analista antidrogas, quienes estarán de forma permanente en ese aeropuerto.
La presidenta agregó que planean hacer lo mismo, más adelante, en los aeropuertos Daniel Oduber, en Liberia, Tobías Bolaños, en Pavas y en otros puestos fronterizos.
Aunque Fernández defendió que la decisión se toma debido a que “el comportamiento del narcotráfico” ha cambiado, en el pasado, la medida fue duramente criticada por expertos en seguridad.
En setiembre del 2023, el entonces ministro de Seguridad, Mario Zamora, señaló que esa decisión respondía a medidas diseñadas técnicamente y que tenían como objetivo contrarrestar el desmedido aumento de homicidios.
Argumentó que el cambio pretendía que el rol de la PCD lo asuman otros cuerpos policiales, mientras que el equipo antidrogas se dedique a investigar y judicializar expedientes.
El entonces jerarca alegó que el modelo anterior de operación no ha sido exitoso, pues bajo ese sistema el país se transformó en el primer reexportador de cocaína del mundo, “por lo que la defensa que se hace de ese modelo anterior que hoy hacen algunos no se sustenta en datos ni en evidencia”.
Críticas
En ese momento, Jonathan Flores Mata, criminólogo y representante sindical del Ministerio de Seguridad Pública, calificó el retiro de la PCD de esos puntos como una “ocurrencia” que solo beneficiaba a las estructuras criminales.
En una escena poco usual, en setiembre de 2023, tres oficiales encapuchados y un representante de los policías denunciaron que el Ministerio de Seguridad Pública debilitó la vigilancia en los puntos de ingreso y salida de país, al sacar a la PCD de aeropuertos, muelles y fronteras.
Según reportó La Nación en julio del 2024, las operaciones de la PCD cayeron a la mitad entre enero y mayo de ese año, en comparación con el mismo periodo del 2023, cuando esa fuerza policial mantenía personal en fronteras, puertos y aeropuertos.
De acuerdo con estadísticas brindadas por la PCD, las operaciones (incluidas incursiones en la montaña, erradicación de plantaciones, acciones marítimas y colaboración con otros cuerpos de seguridad) se desplomaron de 214 a 98 en ese lapso, lo que representa una caída del 54%. En tanto, las detenciones también bajaron de 248 a 178, para una disminución del 28%.
Estas cifras se presentaban en momentos en que Costa Rica registraba, en 2024, también una caída en los decomisos de cocaína, los cuales bajaron en un 55% entre el 2020 y el 2023. De 47,1 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en 2020, se pasó a 24,7 en el 2022 y 21,4 en el 2023. La marihuana registró valores de entre 12,5 toneladas en el primer año, 21,6 en el 2021, 25 en el 2022 y 21,7 en el 2023.
Además, las erradicaciones de marihuana pasaron de 367.000 plantas en el 2020, a 816.000 en el 2021. Luego cayeron a 642.000 en el 2022 y apenas 369.000 el año pasado, según datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), que agrupa las incautaciones de la PCD, el Organismo de Investigación Judicial, Fuerza Pública y policías municipales.
En abril pasado, un informe de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa advirtió sobre el debilitamiento estructural de la seguridad ciudadana en Costa Rica, en medio del avance del crimen organizado y el deterioro de los indicadores de violencia en los últimos años.
La comisión investigadora señaló que “el retiro de la Policía de Control de Drogas (PCD) de puntos críticos como APM Terminals, Tablillas y Peñas Blancas”, se realizó sin estudios técnicos que lo respaldaran.
