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Un informe de la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa advierte sobre el debilitamiento estructural de la seguridad ciudadana en Costa Rica, en medio del avance del crimen organizado y el deterioro de los indicadores de violencia en los últimos años.
El 20 de abril, un año y cuatro meses después de la conformación de la subcomisión investigadora para indagar “el debilitamiento de la política de seguridad pública” durante la administración de Rodrigo Chaves Robles, se presentó el informe final, de 84 páginas.
Esta subcomisión estuvo integrada por las diputadas Alejandra Larios, Gloria Navas y Priscilla Vindas.
El documento concluye que, en los últimos cuatro años, se adoptaron “decisiones sin sustento técnico”, se redujeron de “forma sostenida” los recursos a instituciones y mecanismos de prevención, y se identificaron “deficiencias en la coordinación interinstitucional”.
El documento detalla la ausencia de una política de seguridad de Estado articulada entre los Poderes de la República y fustiga que el Consejo Nacional de Seguridad no se haya convocado de manera regular para coordinar acciones en materia de seguridad.
Estas condiciones explicarían el “deterioro” de los indicadores de homicidios y la violencia asociada a estructuras criminales. Además, según explica el texto, existe una preocupación latente “sobre el riesgo de que Costa Rica enfrente un proceso de consolidación del crimen organizado con características propias de un narcoestado”.
Esta investigación legislativa contó con la participación de jerarcas y exjerarcas de instituciones del Estado de la administración actual y anteriores, así como de personas expertas en temas de seguridad.
Decisiones que “carecen de fundamento técnico”
Durante las comparecencias de directores, exdirectores y autoridades policiales, esta subcomisión documentó al menos cinco decisiones adoptadas por la actual administración que, según el documento, “carecieron de fundamento técnico” y generaron afectaciones operativas de control territorial y seguridad fronteriza.
Entre ellas, se cita el “debilitamiento de puestos estratégicos del Servicio Nacional de Guardacostas en Drake y Sixaola, lo cual redujo la vigilancia en zonas de alto riesgo”, se lee.
El exdirector de Guardacostas, Martín Arias Araya, declaró a las diputadas que el cierre de estas estaciones representa un “debilitamiento operativo” y un “abandono de zonas tomadas por el narcotráfico”.
La comisión investigadora agregó que “el retiro de la Policía de Control de Drogas (PCD) de puntos críticos como APM Terminals, Tablillas y Peñas Blancas”, se realizó sin estudios técnicos que lo respaldaran.
Aunque se reportó la incorporación de aproximadamente 100 nuevos agentes, el texto detalla que la capacidad operativa continúa siendo limitada.
Por otro lado, aseguran que “el traslado de la Academia de Guardacostas de Quepos a Pococí se realizó sin consulta técnica ni aviso formal”. El informe concluye que la academia pasó de impartir 11 cursos en 2023 a solo tres en 2025, redujo su personal de 16 a seis funcionarios y sustituyó el entrenamiento en mar abierto por prácticas en piscina, “lo que impacta directamente la formación especializada”.
Sobre este punto, el Ministerio de Seguridad ha insistido en que la Academia no fue desmantelada, sino que se trasladó a la Academia Nacional de Policía, ante las “deplorables condiciones de infraestructura que existían en su antigua ubicación y “la imposibilidad material” para intervenirlas, pues el inmueble no pertenece al Ministerio de Seguridad Pública.
“La evidencia recabada confirma la existencia de una reducción sostenida de recursos durante la Administración en análisis, con un impacto directo en la capacidad operativa del Estado para prevenir, contener y sancionar el fenómeno del crimen organizado”, dicta el informe.
En materia preventiva, el texto expone que, por ejemplo, el Viceministerio de Paz dispone de apenas del 0,5% del presupuesto del Ministerio de Justicia, y esto evidenciaría una “baja priorización de las políticas de prevención”.
Las áreas protegidas, de acuerdo con el texto, también figuran como puntos débiles, pues se están utilizando de forma “sistemática” como rutas para el narcotráfico. Esto se explica, en parte, por la ausencia de presencia estatal y deriva en mayor riesgo para guardaparques, comunidades locales y ecosistemas.
Recomendaciones
Tras emitir el informe, esta subcomisión envió al Plenario Legislativo una serie de recomendaciones, entre las cuales destaca que se valore la eventual existencia de responsabilidades penales, políticas y administrativas de funcionarios cuyos actos hayan contribuido al debilitamiento institucional.
Además, se insta a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial a requerir al Poder Ejecutivo y a la Comisión de Asuntos Hacendarios la priorización de recursos y la adopción de medidas urgentes para fortalecer puestos policiales estratégicos.
A ello agregan la necesidad de dotar de presupuesto, personal y tecnología a la PCD, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el ICD y la Policía Profesional de Migración, así como garantizar el fortalecimiento de la Academia de Guardacostas, la coordinación operativa con la Policía Judicial, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y los cuerpos policiales municipales.
Las legisladoras instan al Poder Ejecutivo a convocar de manera periódica al Consejo Nacional de Seguridad y así restablecer la articulación de políticas públicas, la evaluación de riesgos y la coordinación.
