La presidenta de la República, Laura Fernández, se estrenó en el poder este 8 de mayo con un discurso que, de manera explícita, despejó una de las principales inquietudes que ha habido en torno a su mandato: aseguró que la “profunda” reforma del Estado que pretende impulsar en los próximos cuatro años “no significa atentar contra la división de poderes”. Y destacó: “Nunca lo haría”.
La aclaración resultaba necesaria. Apenas dos semanas antes, el entonces presidente Rodrigo Chaves, de quien ella misma se declara “heredera”, afirmó ante pastores evangélicos que ya había logrado “recuperar” los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero que aún “nos falta el Poder Judicial”. Incluso adelantó que, si Fernández se lo permitía, haría “el esfuerzo” para también “recuperar ese poder de la República”. En términos políticos, esa aspiración apunta a influir, desde la Asamblea Legislativa, en el nombramiento de magistrados afines a su proyecto político. Un Poder Judicial subordinado a los intereses del Ejecutivo sí representaría una amenaza directa contra la división de poderes y las consecuencias están a la vista en Nicaragua y El Salvador, donde sus gobernantes secuestraron la autonomía judicial.
En momentos en que “recuperar” se ha convertido en una de las palabras más repetidas del discurso político, lo que realmente necesita recuperar Costa Rica no es control de un poder de la República sobre otro poder, sino la seguridad, la tranquilidad y la paz que el narcotráfico y la violencia les arrebataron a miles de familias. Hay datos que lo prueban. Entre el 1.° de enero del 2022 y el 27 de abril del 2026, el país registró 3.545 homicidios (un asesinato cada 10 horas). De ellos, 259 eran inocentes que pagaron con su vida el haber estado en el lugar y el momento equivocados cuando ocurrió una disputa narco, un asalto o una balacera. En ese sentido, la presidenta dio un paso importante al reconocer que “recuperar la seguridad no es tarea de uno solo” y en convocar a los tres poderes de la República a caminar juntos, un llamado que resultaba muy necesario.
Para ello, es vital –y aquí sí cabe el término– recuperar el diálogo entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial –seriamente minado en la administración anterior– para dar forma a una política integral de seguridad ciudadana que obligue al Ministerio de Seguridad Pública a diseñar un plan realmente articulado que frene la entrada de drogas por mares, fronteras y puertos; que permita al gobierno realizar una fuerte inversión social orientada a prevenir que más jóvenes terminen atrapados en las redes del crimen organizado, y a consensuar reformas de ley firmes, pero respetuosas de los principios y las garantías constitucionales.
El país no puede seguir expuesto a que los magistrados propongan modificaciones, los diputados las aprueben y el Ejecutivo las vete, como sucedió con el Proyecto de Ley de Ejecución de la Pena y de Medidas de Seguridad Curativas, cuyo objetivo era establecer cómo deben cumplirse las sanciones de privación de libertad y no flexibilizar reglas ni otorgar tratos especiales a los reclusos.
Lo mismo sucedió con la Ley para facilitar la identificación de sujetos que participan en hechos delictivos por medio del ADN y algo similar estuvo a punto de ocurrir con el plan para que el OIJ pudiera hacer allanamientos durante las 24 horas, fines de semana y feriados, iniciativa que el hoy exmandatario obstaculizó al decir que no daría “alas a animales ponzoñosos”.
El país no puede seguir aprisionado en estas confrontaciones. Este 8 de mayo, la presidenta ofreció que se retomarían proyectos postergados durante la administración anterior, como el tren rápido de pasajeros, la carretera a San Carlos, la ampliación de la vía a San Ramón, el tramo Limonal-Barranca y la modernización del Estado.
También mencionó compromisos que deben convertirse en realidades. Exigir rendición de cuentas, acabar con privilegios y aplicar mano dura contra la corrupción, el crimen y los amiguismos, lo que debe regir también para quienes integren su gobierno o formen parte de su círculo cercano. Ese “no aflojar” que pronunció dos veces con contundencia debe ejecutarse sin excepciones y esa “nueva forma de hacer política”, que definió como “la que deja de hablar y empieza a resolver”, es la que espera el país desde hace muchos años.
Sin embargo, de su discurso, sobresalió fuertemente ese “nunca lo haría” con que la mandataria selló su promesa de nunca atentar contra la división de poderes y, más bien, instar al Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a “caminar juntos”. Que esas palabras se conviertan en guía permanente de cada decisión de su gobierno.