El presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetó dos proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa. El primero habría permitido a las autoridades recolectar los perfiles de ADN de personas condenadas.
El segundo proyecto buscaba fortalecer el cuidado y desarrollo infantil, así como de personas adultas mayores y con discapacidad.
Así se lo informó oficialmente la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, al directorio de la Asamblea Legislativa, encabezado por la oficialista Yara Jiménez.
Estas iniciativas se suman a una larga lista de expedientes vetados por el mandatario; recientemente, vetó una iniciativa que buscaba descongelar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional.
El veto sobre el registro del ADN de los condenados corresponde al expediente 24.341. Presidencia argumentó razones de conveniencia y oportunidad, así como motivos de constitucionalidad.
Según el documento firmado por el presidente y el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, la ley impone un “modelo de gestión incompatible” con la organización del Estado.
El Ejecutivo argumentó que el Ministerio de Justicia y Paz carece de la naturaleza administrativa para recopilar y custodiar datos genéticos. Dijo que esa labor corresponde a los laboratorios forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“El proyecto de ley quebranta el diseño constitucional de distribución de competencias, al pretender habilitar al Poder Ejecutivo para intervenir en el manejo, tratamiento y custodia de información genética con fines de investigación penal", dice el documento del veto.
El Gobierno señaló, además, que los perfiles genéticos son datos personales sensibles. El proyecto de ley pretendía obligar a toda persona condenada a registrar su huella biométrica como requisito para recibir beneficios carcelarios.
El proyecto sostenía que los perfiles serían elaborados sobre la base de “información genética no codificante, con fines exclusivamente de carácter identificatorio y el cual no permite el acceso a datos sensibles de las personas”.
Presidencia sostiene que, “esta afirmación es incorrecta, en tanto los datos biométricos —incluido el ADN, aun cuando sea no codificante— constituyen datos personales de carácter sensible, por su capacidad de identificar de forma inequívoca a una persona".
La Presidencia consideró que esta condición lesiona los principios de razonabilidad, intimidad y el derecho a la autodeterminación informativa. En caso de que los diputados decidan resellar la ley, el expediente se enviará a la Sala Constitucional.
Esta propuesta, impulsada por el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, alcanzaba a quienes soliciten beneficios como el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, la libertad condicional o permisos de salida.
La iniciativa fue aprobada con el voto afirmativo de 42 legisladores, aunque en el primer debate siete oficialistas habían rechazado la iniciativa.
Cuido y desarrollo infantil
La segunda iniciativa vetada fue tramitada bajo el expediente 23.719 e impulsada por la liberacionista Monserrat Ruiz. Este veto fue firmado por Chaves y Fernández.
La objeción del Poder Ejecutivo se concentró en los artículos 3 y 4 de la propuesta, debido al fuerte impacto fiscal que generaría en las instituciones del cooperativismo.
La Presidencia de la República detalló que la iniciativa exonera a las cooperativas de cuidados del pago de tributos y cargas parafiscales. Esta medida, argumentaron los jerarcas, desfinanciaría al Consejo Nacional de Cooperativas y a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión. Ambas entidades reciben sus ingresos principales de dichos aportes.
El informe técnico del Ejecutivo determinó que el proyecto de ley no cuenta con estudios de impacto financiero.
Según el Ejecutivo, la ley aprobada permitiría que cooperativas activas cambien su objeto social para evadir las cargas parafiscales por cinco años.
Este proyecto de ley buscaba regular el derecho al cuidado infantil y fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados (Sinca) para personas adultas mayores o con discapacidad en situación de dependencia.
Por otra parte, la iniciativa establece obligaciones estatales clave, como becas de formación del INA. Asimismo, protege a las personas cuidadoras garantizándoles permisos laborales para citas médicas y una credencial para recibir atención preferencial en instituciones públicas.