La Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en primer debate, nuevas leyes que obligan a la recolección de perfiles de ADN de personas condenadas y la creación de un banco de datos genéticos de ofensores sexuales.
Las iniciativas pretenden, según explican, fortalecer las bases de datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mediante la recolección de ADN.
El primero de ellos es el expediente n.° 24.341, denominado Ley para facilitar la identificación de sujetos que participan en hechos delictivos por medio del ADN, impulsada por el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig.
Esta propuesta establece que cualquier persona condenada que desee recibir un beneficio carcelario debe someterse obligatoriamente a un registro de datos biométricos.
La medida alcanza a quienes soliciten beneficios como el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, la libertad condicional o permisos de salida. El Ministerio de Justicia y Paz se encargará de realizar la toma de muestras de ADN no codificante.
El objetivo principal, según el proyecto, es reducir la reincidencia y asegurar que el sistema penitenciario mantenga actualizada su base de datos de identificación.
Esta iniciativa fue aprobada con el voto afirmativo 32 legisladores, mientras que siete oficialistas votaron de forma negativa.
Registro permanente para agresores sexuales
Por otra parte, el expediente n.° 24.327 se enfoca exclusivamente en la creación de un banco de datos genéticos para personas condenadas por delitos sexuales. Fue propuesto por la diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo.
Esta reforma a la Ley Orgánica del OIJ obliga a la institución a contar con una base digital con información de todos los adultos con sentencias en firme por estas causas.
Pese a que las personas ya cumplieron la condena, la ley autoriza al OIJ a dar seguimiento a los condenados por delitos sexuales.
Los datos genéticos y perfiles recolectados bajo esta ley permanecerán en los registros oficiales por un máximo de 50 años tras el cumplimiento de la sentencia.
El proyecto de ley fue aprobado con el voto afirmativo de 42 diputados; solo el oficialista Manuel Morales votó en contra.