La Defensoría advirtió de que el congelamiento de los montos tiene graves consecuencias en la vida de las personas adultas mayores, al limitar su capacidad para cubrir necesidades básicas como salud, medicamentos, alimentación y servicios públicos.
El órgano defensor alertó además que la ausencia de ajustes empuja a un número creciente de pensionados hacia situaciones de pobreza, pobreza extrema o indigencia, y recalcó que la actualización de las pensiones constituye un derecho adquirido. Desde la perspectiva de los derechos humanos, subrayó que cualquier medida regresiva debe ser justificada, proporcional y estrictamente temporal.
El proyecto fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa, con el respaldo de 32 diputados y el voto en contra de seis legisladores oficialistas. La iniciativa fue impulsada por el diputado frenteamplista Jonathan Acuña.
La propuesta busca actualizar las pensiones otorgadas bajo las leyes 2248 y 7268, correspondientes al RTR del Magisterio Nacional, las cuales permanecen congeladas desde 2018 tras la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El texto establece que, aun cuando no existan aumentos salariales por costo de vida, las pensiones iguales o menores a ¢2 millones deberán revalorizarse automáticamente dos veces al año, con base en la variación semestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En caso de que el IPC registre valores negativos, las pensiones no se reducirán.
Además, cuando no se apliquen las medidas extraordinarias previstas en la ley, las pensiones continuarán revalorizándose conforme a las reglas ordinarias ya establecidas.
