En febrero anterior, la entidad realizó un llamado a la Asamblea Legislativa para que aprobara la iniciativa con urgencia. Señaló que la ausencia de ajustes afectó de forma directa a estas personas pensionadas.
La Defensoría advirtió que el congelamiento de los aumentos generó consecuencias graves en la calidad de vida de la población adulta mayor. Indicó que esta situación provocó una pérdida progresiva del poder adquisitivo. También expuso que el alza en bienes y servicios esenciales impactó áreas como salud, medicamentos, alimentación y servicios públicos.
Desde el enfoque de derechos humanos, la institución explicó que cualquier medida regresiva debe ser justificada, proporcional y temporal. Según su criterio, la falta de ajustes en estas pensiones puede empujar a más personas hacia condiciones de pobreza, pobreza extrema o indigencia.
Además sostuvo que la ausencia de incrementos constituye una medida regresiva en derechos sociales y económicos. Argumentó que esto reduce la protección económica que ya estaba garantizada. Además, señaló que el ajuste de las pensiones es un derecho adquirido que debe responder a criterios razonables y proporcionales.
