De acuerdo con el ente, dicha ley establece que solo sería posible otorgar nuevos aumentos cuando el país alcance un nivel de deuda que permita ampliar el gasto corriente. Únicamente en ese escenario podrían autorizarse ajustes por costo de vida tanto para las personas servidoras públicas activas como, de forma consecuente, para las personas pensionadas.
La Defensoría señaló que la ausencia de ajustes por costo de la vida genera consecuencias en la vida de las personas pensionadas adultas mayores, quienes enfrentan una pérdida progresiva de su poder adquisitivo. A esto se suma el impacto del aumento en bienes y servicios esenciales, como la atención en salud, la compra de medicamentos, la alimentación y los servicios públicos.
Ante esta situación, el ente defensor solicitó a la Asamblea Legislativa la urgente necesidad de promover iniciativas que permitan revisar el modelo actual de ajuste por costo de vida aplicable a las personas pensionadas del Régimen y a aquellas con cargo al Presupuesto Nacional, con el fin de garantizar un mecanismo de actualización periódico, técnico y sostenible.
La Defensoría indicó, además, que tiene conocimiento del proyecto de ley n.° 24.353, presentado por la fracción del Frente Amplio, el cual pretende reconocer el ajuste por costo de la vida de al menos 30.000 personas con pensiones congeladas durante el último quinquenio.
“Dicho proyecto fue aprobado por la Comisión de Asuntos Hacendarios y se encuentra a la espera de ser remitido al Plenario Legislativo en sesiones ordinarias. De ahí que sea necesario su conocimiento en Plenario”, señaló la Defensoría.
