Dibujar, con trazos gruesos, imprecisos, irreales y volátiles, la imagen de un país en que el gobierno “cumple”, “construye”, ha alcanzado “resultados asombrosos” y realizado obras que también lo son; donde “los costarricenses hoy tienen una calidad de vida que antes veían imposible alcanzar”. Quejarse, sin embargo, de que las instituciones no funcionan, no lo dejan hacer y son culpables de perversiones múltiples. Es decir, eludir responsabilidades y repartir culpas.
Omitir cualquier reconocimiento o iniciativas ante la profunda crisis de inseguridad, el deterioro en la salud, los rezagos en educación, la merma en la inversión social, los recortes en los bonos de vivienda, el desdén por el ambiente, el colapso en el transporte y la falta de inversión en infraestructura, que apenas ha logrado avanzar por obras heredadas de administraciones anteriores. Distorsionar estas crudas realidades, ponerlas frente a un tosco espejo de posverdad, y construir un espejismo en que los problemas aparecen como soluciones y los males como logros ejemplares.
Emprenderla contra los fundamentos de nuestra democracia y Estado de derecho. Afirmar que las leyes “y especialmente la constitución (así, en minúsculas) fueron diseñadas para proteger la continuidad de personas que se enquistaron por décadas en sus puestos”, como si no ocupara su cargo precisamente por las garantías que emanan de ellas.
Atacar la división de poderes y los pesos y contrapesos de la República, y presumir que un presidente elegido –aunque con limitada mayoría— puede imponer su voluntad. Arremeter, de este modo, contra fundamentos y prácticas esenciales de nuestra convivencia, que explican en gran medida las virtudes –no carentes de falencias y necesidad de reformas–de nuestro Estado social de derecho.
Llamar obstruccionistas, ineficientes, desprestigiados y corruptos, a instituciones, altos funcionarios y mandos medios. Ocultar que la misma Asamblea Legislativa a la que atacó con saña autorizó por unanimidad a su gobierno, en noviembre de 2022, la emisión de $5.000 millones en eurobonos, la mayor cantidad en la historia del país. Exigirle leyes sobre seguridad, a pesar de que ya ha aprobado 40, y solo dos de ellas fueron propuestas por su gobierno.
Presentar la reducida y orquestada marcha del 18 de marzo contra el fiscal general, a la que una buena parte de sus escuálidos asistentes fueron llevados en buses, como un “clamor del pueblo”. Pedir votos solapadamente para un proyecto político autocrático que, por el momento, ni partido tiene.
Prescindir de datos, resultados tangibles o balances robustos para sustentar lo anterior, a pesar de un informe impreso paralelo, de 113 páginas, abundante en desinformación y lamentable en omisiones. En su lugar, intercalar en el discurso fragmentos reciclados de videos triunfalistas, narrados por uno de esos “mandos medios” que tanto parece desdeñar y que de pronto capturó su voz.
En esto consistió la comparecencia del presidente Rodrigo Chaves, el lunes, ante la Asamblea Legislativa. Más que un discurso pausado y reflexivo para cumplir con un mandato constitucional, fue una arenga estridente, una versión ampliada de sus puestas en escena semanales en Zapote. Pero esta vez no logró controlar la escena: mientras hablaba, varios diputados y diputadas opositores enarbolaron carteles de denuncia o protesta, y crearon una línea narrativa alterna, que rivalizó con la suya.
Fue una original e inesperada iniciativa de comunicación disidente y en tiempo real, manejada con respetuoso silencio frente a los asistentes y las cámaras. Era lo que correspondía. A la vez, sus autores lograron expresar con claridad las ideas, reclamos y exigencias que deseaban divulgar, como un conjunto de reveladoras notas al margen de lo que pretendía ser un mensaje unidireccional.
Además de lo anterior, la claridad, sensatez y respeto del discurso de respuesta pronunciado por el presidente legislativo, Rodrigo Arias –parte de ese rito cívico anual–, contrastó en tono, contenido y dignidad, con el de Chaves. Reconoció, con justeza, que el gobierno ha mantenido una política fiscal saludable, aunque en parte heredada y puramente contable. Se refirió, con cifras y precisión, a los serios problemas y retos nacionales sobre los que eludió su predecesor. Censuró sus frecuentes insultos a otros actores políticos y sociales. Alertó sobre sus ímpetus autoritarios, sus ataques a los medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil.
Le reclamó, particularmente, haber renunciado a asumir sus deberes presidenciales ante la inseguridad, y su irresponsable abandono del diálogo entre los tres poderes para diseñar y aplicar una estrategia eficaz y coordinada ante ella.
Chaves en ningún momento propuso trabajar hacia el diálogo o los acuerdos; Arias, en cambio, reiteró su llamado en ambos sentidos, y concluyó con un mensaje que debería calar en la conciencia de todos, en particular del presidente de la República: “Construyamos, no polaricemos. Resolvamos, no acusemos. Solucionemos, no olvidemos. Es lo que el pueblo espera, y merece de nosotros”.
Hasta ahora, Chaves ha desdeñado sin pausa llamados de la misma índole. No creemos que lo haga ahora. Su lamentable discurso así lo indica. Más bien, es muy posible que, en su último año de gobierno, recrudezca en sus ataques, insultos y arrestos autoritarios. Los ciudadanos debemos mantenernos alertas ante ellos y renovar cada día, con palabras y acciones, nuestro apego a la democracia y nuestra exigencia de que ejerza el gobierno con responsabilidad, respeto y transparencia.
