La llegada de Laura Fernández a la Presidencia de la República abre, a partir de hoy, expectativas que van mucho más allá del hecho histórico de que sea la segunda mujer en ocupar el cargo más alto del país. La principal señal de esperanza radica en el tono y el estilo de gobierno que prometió la misma noche de su victoria electoral, el 1.° de febrero, cuando se definió como una “demócrata convencida” y asumió el compromiso de presidir “un gobierno de diálogo y concordia nacional, respetuoso y firme del Estado de derecho”.
Bienvenidos sean ese diálogo y esa concordia nacional. Prolongar los discursos de odio, las descalificaciones y los afanes de revancha solo desviará a Costa Rica de las verdaderas prioridades nacionales. Ningún país puede aspirar a vivir en paz, reducir la pobreza, generar más empleo, mejorar la educación pública, recuperar la competitividad, disminuir el enorme endeudamiento público o enfrentar con eficacia el cada vez más poderoso narcotráfico si permanece atrapado en una confrontación política permanente. Menos en un momento en que la convulsa situación geopolítica internacional amenaza la seguridad energética global, presiona al alza los precios del petróleo y aumenta la incertidumbre económica para países dependientes de combustibles importados, como el nuestro. Y menos aún cuando el tipo de cambio podría aumentar “en cualquier momento”, como advirtió el Banco Central, y se pronostica una nueva llegada del fenómeno El Niño –que incluso podría ser un “súper-Niño”– con grave riesgo de sequía, presión sobre la generación hidroeléctrica, afectación de cultivos, encarecimiento de alimentos y mayores costos para miles de familias.
Este panorama exige un liderazgo asertivo, capacidad para tender puentes, serenidad para tomar decisiones complejas y madurez para elevar la calidad del debate nacional, aptitudes que una mayoría de costarricenses identifica en Fernández, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La principal conclusión de ese estudio de opinión es que la nueva gobernante triunfó en las urnas –con un contundente 48,5% de los votos– por mérito propio y no únicamente por una transferencia automática de popularidad. Así lo confirma el hecho de que un 70% de quienes votaron por ella asegura que habría mantenido su apoyo incluso sin el respaldo del mandatario saliente, Rodrigo Chaves.
En respuesta a esa expectativa de los ciudadanos, tiene la oportunidad de ejercer una presidencia auténticamente suya, con capacidad de decisión, criterio independiente y una visión propia de gobierno. Será a ella, y no a ninguna otra figura política, a quien los costarricenses le exigirán resultados y fidelidad a su compromiso de “nunca permitir” la arbitrariedad y el autoritarismo.
Esa visión del liderazgo cobra relevancia por la insistencia con que la nueva gobernante viene apelando en las últimas semanas a valores cristianos como la humildad, el servicio y la responsabilidad moral del ejercicio del poder. Cuando, el 24 de abril, reveló ante pastores de la Alianza Evangélica del Foro Mi País que diariamente le pide a Dios que “la use” en la función pública, incorporó una dimensión ética y espiritual que fortalece la expectativa sobre la manera en que ejercerá el poder. Lo esperable es que haya coherencia entre sus palabras y sus acciones.
La coherencia es vital porque, como mandataria, se convertirá en el principal rostro del país y en referente para los cinco millones de habitantes, pero especialmente para los niños, los adolescentes y las nuevas generaciones que observarán –e incluso reproducirán en su entorno– la forma en que se ejerce el poder y los valores que la presidenta proyecta en la vida pública. De ahí la enorme responsabilidad de evidenciar que el mandato puede ejercerse con respeto y transparencia.
Como política que públicamente incorporó la fe al discurso público, también está llamada a garantizar que el apego a la ley y la rendición de cuentas se exigirán por igual tanto a quienes integren su gobierno o formen parte de su círculo de confianza como a quienes mantengan posiciones críticas o sean oposición. Será fundamental que destierre la percepción de que existe mano dura para muchos y una “red de cuido” para unos pocos. Su legitimidad se fortalecerá en la medida en que aplique iguales reglas y consecuencias para todos, sin privilegios ni excepciones.
Por los difíciles desafíos que afronta el país, es tiempo de demostrar que la política puede unir y no solo dividir; que es posible construir desde el respeto al adversario, sin recurrir a la agresividad o las humillaciones.
A partir de hoy y durante los próximos cuatro años, Laura Fernández tiene la responsabilidad histórica de demostrar que la continuidad no implica mantener al país en una polarización permanente, sino abrir paso a una forma más serena, respetuosa y democrática de ejercer el poder. La campaña terminó; ahora le corresponde gobernar para todos.