“Estaba en el lugar equivocado”. “De por sí, se matan entre ellos”. Ambas frases, repetidas con pasmosa frecuencia, reflejan una profunda distorsión de la forma en que muchos ciudadanos están procesando la ola de homicidios que estremece al país cada día y cada noche. Son mecanismos de evasión, el síntoma de una peligrosa normalización que le resta valor a la vida, minimiza la indignación y termina siendo una excusa para los responsables de contener los asesinatos.
Decir que alguien murió por estar “en el lugar equivocado” es una forma solapada de culpar a la víctima. Ana Camacho Sandí, una comerciante de 56 años, estaba fuera de su bazar el 19 de julio, cuando dos sujetos pasaron disparando indiscriminadamente en el barrio Quince de Agosto, en Tirrases de Curridabat. Una vecina murió en el acto, y doña Ana, tres días después. Lo mismo le sucedió a Cristopher Vizcaíno Castillo, ingeniero en sistemas de Racsa, de 30 años, quien, la noche del 22 de julio, caminaba hacia la casa de su novia en el barrio El Futuro, en San Rafael de Alajuela. Cuatro hombres en dos motos irrumpieron con disparos al aire y al suelo, y lo mataron.
Si una persona está en el lugar donde vive, trabaja o socializa, no es ella quien se equivoca. Se equivoca quien diga que “se matan entre ellos”, porque el año pasado 54 inocentes perdieron la vida como víctimas colaterales de disputas entre bandas de narcotraficantes por el control de territorios para vender drogas. A mayo de este año, ya ese trágico registro sumaba otros 18 nombres. Entre estos, el de un bebé de seis meses, dos niñas de cinco y siete años, adolescentes, adultos mayores… Todos ellos sin vínculos aparentes con el crimen.
El hecho es que cada vez más puntos del país se han vuelto riesgosos por disputas entre narcotraficantes. Costa Rica sufre un tsunami de homicidios que el domingo 27 de julio llegó a 500 muertos en lo que va del 2025 (cuatro más que en la misma fecha en el 2024), lo cual hace creer al Organismo de Investigación Judicial que el año cerrará con una cifra de entre 880 y 900 asesinatos, número muy similar al del año pasado. Así, el país sigue en una tasa cercana a 16,6 homicidios, comparable con las de Guatemala y México.
Este año, además, los registros reflejan un aumento considerable en la cantidad de menores de edad asesinados, casi todos en zonas de pobreza extrema y con un bajo índice de desarrollo humano, donde son reclutados por los traficantes. A abril, eran 21 decesos, 61% más en comparación con los 13 de un año antes. “Muchos jóvenes no razonan al integrarse a bandas que luchan por territorios para organizaciones que les facilitan hasta las armas de fuego para usarlas en las violentas disputas”, explicó el subdirector del OIJ, Michael Soto.
Asusta, también, cómo se han elevado los triples homicidios, una forma extrema de violencia que hasta hace poco era excepcional. El año pasado hubo 10, pero solo en lo que va del 2025 se contabilizan ocho en distintas zonas: Los Chiles, Alajuelita, Guácimo, San Ramón, Guararí de Heredia, Quepos, Tirrases y San Francisco de Goicoechea.
Cuando los sicarios disparan al aire en un barrio, cuando vacían cargadores contra una vivienda, cuando rematan a tres personas a plena luz del día sin importar cuántos inocentes haya alrededor, no actúan solo para matar, sino para enviar un mensaje. Cada ráfaga es una declaración de poder, cada cuerpo en la calle es una advertencia. Lo que transmiten, sin palabras, es que ellos mandan, que no le temen a nadie, que pueden actuar donde quieran, a la hora que quieran, sin que la Policía los alcance.
El crimen organizado no solo compite por rutas o territorios, sino por el control del miedo. Y cuando logran que comunidades enteras se encierren, guarden silencio o naturalicen el sonido de los disparos, no solo ganan una esquina, ganan legitimidad por omisión institucional.
Si el narcotráfico gana terreno es porque el Estado descuida sus fronteras y mares, porque el Ministerio de Seguridad Pública, con todas sus fuerzas policiales, abandona la vigilancia en las zonas por donde los transportistas introducen sus cargamentos.
Si en nuestro territorio hay más de 200 bandas de traficantes con al menos 4.000 personas a su servicio, es porque la oferta de droga es abundante. El gobierno –constitucionalmente, el principal responsable de la seguridad ciudadana– es el que debe actuar porque cuanta más cocaína y marihuana circulen, más violencia sufriremos.
Los costarricenses no podemos dejar de conmovernos ante cada balacera y cada homicidio. Si lo hacemos, ganan los criminales. No toleremos que los asesinatos se intenten justificar con frases hechas y, más bien, exijamos, firmeza para que el gobierno y, en particular, Seguridad Pública, recupere el control del país.
La violencia se alimenta de la droga que entra fácilmente por nuestras costas y fronteras gracias al descuido y la falta de estrategia. El gobierno no puede seguir cediendo espacio ni permitir que la criminalidad nos robe el derecho a vivir sin miedo.
