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La creciente violencia del crimen organizado en Costa Rica abre un nuevo debate: ¿los niños asesinados en ataques recientes eran objetivos directos o víctimas colaterales?
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), descartó que niños asesinados en recientes casos de sicariato sean los objetivos directos de los grupos de crimen organizado.
Su respuesta contrasta con las declaraciones del ministro de Seguridad Mario Zamora, quien en una entrevista en el programa Octavo Mandamiento de Canal Opa, dijo que los niños se han convertido en “objetivos en la lucha de bandas que se están eliminando”.
Entre los ejemplos mencionados por el ministro, destacó el caso de una bebé de 4 años asesinada junto a su madre en barrio Chita de Limoncito, Limón el año pasado.
Zamora se refiere a las muertes de Kristtel Fernández Quesada, de 21 años, y su hija, quienes fueron acribilladas en su apartamento el 16 de abril del 2024, poco antes de las 11 p.m., cuando dos individuos en motocicleta irrumpieron en la propiedad y dispararon repetidamente contra ambas. Los investigadores señalaron que el arma utilizada era calibre 9 milímetros.
Zamora afirmó que, a pesar de que en algunos casos las víctimas se han considerado “colaterales”, en realidad “son el objetivo del asesino”, refiriéndose específicamente a la madre y la hija en este caso. “Había el objetivo de eliminar ese núcleo familiar al completo (...) ella (la niña) era el objetivo del sicario”, destacó el jerarca de Seguridad Pública en el programa transmitido el pasado 14 de marzo.
Además de este caso, Zamora mencionó otro incidente en San José, que no precisó y en ese momento fue interrumpido por el periodista Douglas Sánchez, quien también se refirió al bebé de 6 meses muerto en un triple homicidio el pasado 7 de marzo, en una vivienda en Jardines de San Ramón, Alajuela.
Ese último ataque se registró alrededor de las 3:30 p. m. en una vivienda de la mencionada localidad. Sujetos a bordo de motocicletas llegaron al lugar y abrieron fuego indiscriminadamente.
En el incidente fallecieron un adolescente de 16 años y una mujer de 34 años, identificada preliminarmente como Quesada Anchía, madre de un niño de siete años. El bebé de seis meses fue trasladado al Hospital Carlos Luis Valverde Vega, donde se confirmó su deceso.
Otras dos mujeres resultaron heridas: una de apellido Badilla, quien recibió siete impactos de bala, y otra de apellido Guevara, madre del bebé fallecido, quien fue herida en el abdomen.
Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con un ajuste de cuentas, ya que no se reportaron robos en la escena. Fuentes policiales indican que al menos una de las víctimas podría estar vinculada a una organización criminal del Caribe.
Sobre el caso específico de San Ramón, Randall Zúñiga sostuvo que es otra víctima colateral.
“Cuando ingresa uno de los gatilleros, empiezan disparando en una mesa y la mamá, que al final resultó herida, toma al bebé y cuando se lo lleva hacia sus brazos es cuando llega el disparo, no es que el disparo iba dirigido al bebé, evidentemente es colateral porque a quien le estaban disparando es a la madre”, aclaró Zúñiga.
En referencia a las palabras del ministro, Zúñiga, también sostuvo que el menor estaba en la línea de fuego y “no podríamos decir que en este caso se trata de que querían matar a todo el núcleo familiar”.
Consultado tras la difusión del programa en Opa, el ministro Mario Zamora aseveró que él estaba refiriéndose, en general, a la violencia de los sicarios, “que disparan contra la víctima y su entorno sin ninguna contención. A eso me referí. Ese era el sentido de mis palabras”.
Una interpretación errónea
Consultado sobre este tema, el abogado y criminólogo Danny Vergara, consideró que las recientes declaraciones del ministro Zamora han generado confusión entre la población costarricense. Reconoce que es “innegable” el alarmante aumento de homicidios en el país, con un promedio de un asesinato cada diez horas y una preocupante conexión con el crimen organizado, pero estima necesario analizar el contexto y las implicaciones de estas declaraciones.
“Según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los últimos seis años un 17% de las víctimas de homicidios fueron niños y adolescentes, considerados “víctimas colaterales”. Esto significa que no eran el objetivo principal del ataque, sino que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado, como acompañantes de la persona a la que se pretendía asesinar.
“En mi opinión, las declaraciones del ministro pueden interpretarse erróneamente, llevando a la ciudadanía a creer que los niños menores de 12 años son el objetivo principal de los sicarios. Sin embargo, el problema más apremiante es el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales para llevar a cabo actos de sicariato y otros delitos”, manifestó.
Más menores muertos
Aunque no se puede afirmar que los niños y los adolescentes son los objetivos directos del sicariato; lo cierto es que cada vez son más los menores que fallecen víctimas de la violencia.
Según las estadísticas de la Policía Judicial, en el 2023 murieron asesinados 35 menores de entre 12 y 17 años. Un año después la cifra subió a 39 y en lo que llevamos del 2025 son 12. Además, en el 2023 hubo 8 menores de 12 años muertos y en el 2024 fueron cuatro.
Sin embargo, en menos de tres meses del 2025, el OIJ ya registra cuatro fallecidos con menos de 12 años, empatando la cifra registrada durante todo el 2024.
En estas estadísticas hay víctimas de crimen organizado y violencia doméstica, entre otras posibles causas del delito.
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Además del bebé asesinado en San Ramón, también se contabiliza un niño de 11 años que resultó herido durante una balacera en Nicoya, Guanacaste, el 24 de enero pasado.
Según la información divulgada entonces, el menor se encontraba con un grupo de personas en la vía pública del barrio San Martín de Nicoya a las 10 p. m., cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta pasaron por el lugar.
El acompañante del conductor comenzó a disparar contra las personas presentes e hirió al niño en la cabeza y el cuello. Murió al día siguiente en el Hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia.
El 9 de enero, un hombre que ofrecía servicios de transporte en moto y sus dos pasajeras, una mujer y una niña de cinco años, murieron atacados a balazos en un sitio conocido como Coquital de Los Chiles, muy cerca de la trocha fronteriza con Nicaragua.
Ellos fueron atacados por desconocidos que los interceptaron en la vía pública. Se presume que solo el hombre era el objetivo de los gatilleros y la mujer y su hija, de origen nicaragüense, fueron víctimas colaterales.
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